La Corte Suprema resolvió un paquete de casos de fuerte impacto político en la pulseada entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino, y en todos los frentes el resultado fue adverso para la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Las decisiones salieron con la firma de los tres jueces del tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Por un lado, el máximo tribunal determinó que el organismo estatal que controla a las asociaciones civiles, la Inspección General de Justicia (IGJ), conserva todas sus facultades para fiscalizar a la AFA. Por el otro, definió que las causas penales que se siguen contra Tapia y otros directivos queden en manos de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
La mudanza a Buenos Aires, frenada
El conflicto arrancó cuando la AFA quiso reformar su estatuto para cambiar su domicilio y pasar a depender de la provincia de Buenos Aires. La IGJ, que hoy conduce Juan Bautista Mahiques, le rechazó esa inscripción y tampoco le permitió darse de baja de su registro.
La AFA fue entonces a la Justicia y la Cámara Civil le dio la razón: anuló la decisión del organismo y le habilitó el camino para inscribirse en la provincia. Pero el Estado nacional apeló. En su presentación sostuvo que el fallo había convalidado “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se aceptara el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar” al momento de la inspección.
La Corte revocó ese fallo y fijó un criterio claro: para mudarse, una entidad primero tiene que dar de baja formalmente su domicilio anterior, y esa baja debe aprobarla el organismo de control. Mientras ese trámite no se complete, la AFA sigue bajo la lupa de la IGJ. El dato no es menor: a principios de este año el organismo ya había designado veedores para seguir de cerca la actividad de la asociación.
Dónde se investigan los balances
El segundo frente son las denuncias penales. La primera, presentada por Guillermo Tofoni contra Tapia y otros dirigentes, apunta a que la AFA no habría registrado en sus balances ingresos por unos 300 millones de dólares, generados por un contrato con la firma Tourprodenter LLC como agente comercial exclusivo.
Ahí se había abierto una discusión entre dos juzgados porteños sobre cuál debía investigar. La Corte resolvió que corresponde a la justicia ordinaria de la Ciudad, bajo el razonamiento de que un balance falso es el medio para cometer una administración fraudulenta.
La segunda denuncia, también de Tofoni, involucra a los mismos directivos, pero por haber desviado presuntamente ese dinero en beneficio propio, a través de transferencias sin justificación. El expediente estaba radicado en un juzgado criminal porteño, hasta que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo reclamó para sí.
Su argumento era que investigaba otra denuncia que podía estar vinculada: la que presentó Elisa Carrió por la compra de una mansión en Pilar. Según ese planteo, la propiedad habría sido adquirida por una “empresa pantalla” llamada Real Central SRL, con fondos de la AFA desviados en favor del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La Corte dejó sin efecto ese pedido. Entendió que lo que se investiga en Campana es lavado de activos, un delito independiente de los que se analizan en la Ciudad, y devolvió la causa al fuero porteño.