La disputa judicial por la eventual reimpresión de 14 millones de boletas únicas en la provincia de Buenos Aires quedó este sábado en suspenso. La Cámara Nacional Electoral (CNE), encabezada por Daniel Bejas, devolvió a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA), al advertir que no se había cumplido con un trámite clave: consultar a las restantes fuerzas políticas. Ese paso es obligatorio para garantizar el principio de bilateralidad y el derecho de defensa en el proceso electoral.

La decisión del tribunal se conoció poco después de otro fallo relevante: la habilitación de Diego Santilli para encabezar la lista de candidatos a diputados de LLA en territorio bonaerense. La CNE revocó una resolución de primera instancia que había designado a Karen Reichardt como reemplazo de José Luis Espert, quien renunció tras el escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

La devolución implica una postergación adicional en la definición sobre las boletas. La Junta, integrada por Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan, deberá trasladar la apelación a los apoderados de las 15 fuerzas que comparten la boleta única bonaerense. Luego intervendrá el fiscal Ramiro González, y recién después la Cámara podrá pronunciarse. Bejas sostuvo en su providencia que se trata de una cuestión de orden público y que corresponde garantizar la bilateralidad en el recurso.

La controversia comenzó cuando la Junta rechazó el pedido de LLA, al señalar que la reimpresión era “material y temporalmente imposible” y “jurídicamente improcedente”. Además, advirtió que el costo superaría los 12.100 millones de pesos no presupuestados, lo que obligaría a un uso extraordinario de recursos públicos. El tribunal remarcó que alterar los plazos fijados por el Código Electoral representaría un “riesgo institucional”.

Frente a esa negativa, LLA apeló. Sus apoderados argumentaron que la reimpresión es técnica y financieramente viable si hay una resolución judicial urgente, y que el propio Ministerio del Interior ofreció garantías en ese sentido. También cuestionaron los plazos de notificación de la resolución de la Junta. Según su posición, reimprimir las boletas es necesario para garantizar la genuina expresión de la voluntad popular, mientras que el Gobierno insistió en que existen las condiciones para hacerlo si la Justicia lo autoriza.

La Junta mantiene su posición de que el proceso electoral no puede alterarse sin comprometer su legalidad. LLA, en cambio, sostiene que asegurar condiciones óptimas para el voto es responsabilidad de la Justicia Electoral. La definición final dependerá ahora de la respuesta de las fuerzas políticas involucradas y del fallo que emita la Cámara.