Mientras la atención pública estaba centrada en la definición del Mundial 2026, comenzó a circular un borrador de un nuevo proyecto de ley impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone una amplia reforma para eliminar o modificar decenas de regulaciones económicas.
El texto, de 144 páginas y aún sin ingreso formal al Congreso, cuenta con respaldo de la Casa Rosada y plantea cambios en sectores estratégicos como el mercado inmobiliario, las farmacias, el gas licuado de petróleo, el agro, la industria editorial y el transporte marítimo.
La iniciativa mantiene la línea de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei y busca ampliar la desregulación de distintos mercados mediante la derogación de leyes vigentes y la reducción de controles estatales.
La Coviar calificó de “destructivo” el proyecto de Sturzenegger para eliminar el organismo
El titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Fabián Ruggeri, cuestionó con dureza el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar el organismo y modificar distintos aspectos de la Ley…
Corredores inmobiliarios: menos requisitos y comisiones libres
Uno de los primeros capítulos modifica el régimen de corretaje inmobiliario. El proyecto elimina la obligación de contar con un título universitario de martillero y corredor público para ejercer la actividad. De aprobarse, bastará con ser mayor de edad y poseer título secundario.
También desaparecen los aranceles mínimos, máximos o sugeridos para las comisiones inmobiliarias, que pasarán a pactarse libremente entre las partes. Además, se prevé la creación de plataformas digitales para validar las operaciones de corretaje.
Garrafas sin regulación estatal
El proyecto también elimina el régimen regulatorio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), vigente desde 2005. La iniciativa deroga la Ley 26.020, que considera al gas envasado un servicio público de interés general y habilita al Estado a fijar precios de referencia, otorgar subsidios mediante la garrafa social y establecer mecanismos de abastecimiento.
Con la reforma, los precios y las condiciones comerciales quedarían sujetos exclusivamente a la oferta y la demanda.
Cambios para farmacias y medicamentos
Otro de los ejes apunta al mercado farmacéutico. El borrador elimina la exclusividad que hoy tienen las farmacias para vender medicamentos de venta libre, permitiendo que esos productos también puedan comercializarse en supermercados, kioscos y otros comercios.
Asimismo, habilita la venta online de medicamentos —con o sin receta, según corresponda— y autoriza el servicio de delivery. Las farmacias también podrán utilizar plataformas de terceros para la comercialización, logística y procesamiento de pagos.
Agro, carne y productos veterinarios
En materia agropecuaria, el proyecto elimina la obligación de que los laboratorios internacionales fabriquen en Argentina los productos veterinarios importados dentro de un plazo determinado para conservar sus autorizaciones de comercialización.
También propone eliminar los aportes obligatorios que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que pasaría a sostenerse únicamente con contribuciones voluntarias y servicios propios.
A su vez, desregula completamente los contratos de alquiler de campos y de producción agropecuaria asociativa, que quedarían sujetos únicamente a las disposiciones del Código Civil y Comercial.
Libros, doblaje y cabotaje
El borrador también avanza sobre el mercado editorial al eliminar la Ley de Precio Único del Libro, permitiendo que grandes cadenas y supermercados establezcan descuentos sin restricciones. La medida ya despertó el rechazo de editoriales y librerías independientes, que advierten sobre una posible concentración del mercado.
En paralelo, deroga la obligación de realizar en Argentina el doblaje de películas y series extranjeras destinadas a televisión, habilitando que ese trabajo pueda realizarse en cualquier país.
Finalmente, el proyecto modifica el régimen de navegación y cabotaje nacional al permitir que buques extranjeros transporten carga y pasajeros entre puertos argentinos, elimina la reserva de carga para embarcaciones de bandera nacional y flexibiliza las normas laborales y administrativas del transporte marítimo.
De convertirse en ley, la iniciativa representaría una de las reformas regulatorias más amplias desde la sanción de la Ley Bases y abriría nuevos frentes de debate con sectores productivos, profesionales y empresariales de todo el país, especialmente en provincias como Mendoza, donde varias de las modificaciones impactan de manera directa sobre actividades estratégicas como la vitivinicultura y el mercado inmobiliario.