BUENOS AIRES (DYN) El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó ayer a la presidenta Cristina Fernández y a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, en una causa por enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales. La medida fue tomada a base de un dictamen del director del Cuerpo de Peritos Forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no detectó irregularidades ni delitos en la Declaración Jurada del matrimonio que en el 2008 tuvo un crecimiento del 158 por ciento en sus bienes. “La pericia arrojó que no hubo nada irregular”, sostuvo un vocero sobre el informe surgido desde el Cuerpo de Peritos, organismo al que el magistrado le dio intervención para que analizara la declaración patrimonial de los Kirchner del 2008. El estudio estuvo a cargo del titular del Cuerpo de Peritos, Alfredo Peralta, quien fue sorteado entre todos los integrantes para entender en la causa y emitir un dictamen.
Fuentes judiciales se ocuparon de resaltar que “no se trata de una conclusión de la Corte”, y recordaron, a la vez, que está en marcha una auditoria en todos los cuerpos periciales del Alto Tribunal, que había sido ratificada días pasados por su presidente, Ricardo Lorenzetti. Esta es la tercera vez que la Justicia federal sobresee al matrimonio en causas por presunto enriquecimiento ilícito durante sus años de gobierno. Los Kirchner habían sido denunciados por presunto enriquecimiento ilícito por el abogado Enrique Piragini, para que se investigue un incremento patrimonial de 158 por ciento, según la declaración de bienes del 2008 que presentaron ante la AFIP. Néstor y Cristina declararon que en el 2007 tenían 17.824.941 pesos que se incrementaron a 46.036.711 al año siguiente, el último como presidente de Néstor y el primero de Cristina.
Cuando Néstor Kirchner asumió al frente del Gobierno en el 2003, el patrimonio de la pareja era de 6.851.810 de pesos, por lo que hasta el año pasado creció 572 por ciento. Según su declaración, en el 2007, los Kirchner vendieron 16 propiedades en Santa Cruz por un total de 14,5 millones de pesos y lanzaron dos empresas, Hotelsur SA y Coma SA, a través de las cuales continuaron con sus negocios turísticos como la explotación del hotel Alto Calafate. También alegaron poseer inmuebles por 14,4 millones de pesos, 32 millones en cuentas bancarias y otros 18 en capitales de empresas. “Pocas declaraciones están tan claras en internet”, había dicho Cristina Fernández en agosto, cuando se conoció su contenido. En la causa, Oyarbide aceptó que intervenga el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien firmó la Declaración Jurada y se entrevistó con el juez en su despacho de los tribunales federales de Retiro para hablar sobre el expediente, según admitió el mismo magistrado.
Pero, a la vez, rechazó la intervención de Alfredo Popritkin, ex perito contador de la Corte Suprema, quien preside la ONG Contadores Forenses. Oyarbide le pidió al sector pericial de la Corte Suprema que analizara la declaración de los Kirchner, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano impulsó la acción penal y la Oficina Anticorrupción dictaminó algunas observaciones sobre las declaraciones juradas de los Kirchner. Esta es la tercera causa que se cierra contra los Kirchner por sus declaraciones juradas y la primera que involucra a la presidenta. En julio , la Cámara Federal confirmó el archivo que dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por una denuncia sobre el patrimonio de los Kirchner en el 2007.
