La deuda millonaria que el gobierno de Francisco Pérez tiene con los proveedores de la Dirección General de Escuelas (DGE) hace que en estos días peligre los servicios alimenticios en los establecimientos escolares y el transporte. Cansados de no obtener una respuesta, esta mañana fueron a reclamar a la Casa de Gobierno y siguen a la espera de una solución que les permita seguir trabajando, porque en algunos casos aseguran que si en esta semana no les pagan se “funden”.

“Nos están fundiendo, estamos a punto de quebrar”.

Por un lado, está el problema que atraviesan los proveedores de las meriendas y las viandas, a quienes le adeudan alrededor de 136 millones de pesos y que no cobran desde junio. El único dinero que reciben es el financiamiento que llega desde la Nación pero incluso ese dinero también ha tenido demoras. La deuda que se genera es de 1,5 millones de pesos por día. Para ellos la situación es “insostenible” y es por eso que necesitan la plata para poder seguir prestando el servicio.

“Nos están fundiendo, estamos a punto de quebrar”, sostuvo uno de los proveedores.

Según manifestaron en la mañana de este lunes, les habrían transferido unos dos millones de pesos, dinero absolutamente insuficiente en comparación con lo que se les adeuda. Además, el problema es que tal como vienen denunciando, se les está pagando a los proveedores “amigos” del Gobierno. Lo cierto es que de los 250 proveedores, unos 50 podrían empezar a cortar el servicio, lo que podría afectar a 50% de los niños que reciben las meriendas. En total, son unos 250 mil alumnos los que reciben las prestaciones en la provincia. De hecho en San Rafael hay ocho proveedores que cortaron con el envío de las viandas y entre mañana y el lunes el problema se agravará aún más si no reciben un pago del Ejecutivo.

 

En este caso, los proveedores prefieren no dar a conocer su identidad ya que temen que se tomen represalias y que no se les deposite el dinero. A esto se suma que según les manifestó la titular de de la Dirección de Promoción al Derecho de la Alimentación, Noemí Massolo, el 30 de noviembre “se termina todo”. Es decir que desde esa fecha la gestión actual dejará de hacerse cargo de esta situación pasándole la pelota a la gestión entrante del gobernador electo, Alfredo Cornejo, quien deberá enfrentar este problema, ya que los proveedores cortarán por completo a partir de diciembre si no se normaliza la situación. Lo trágico para muchos niños es que hay servicios en los jardines maternales que siguen durante el verano y que si no se encuentra una salida transitoria también peligran esas viandas para los más chicos.

Los programas de nutrición escolar dependen del Ministerio de Desarrollo Social, el cual solventa más de 250.000 raciones diarias distribuidas en más de 500 establecimientos educativos. Los menús incluyen desayuno, almuerzo y viandas en algunos casos.

Mientras tanto los funcionarios se esconden. Uno de ellos el director de Fondo de Inversión y Desarrollo Social, Jorge Montero, que expresó que no habla con la prensa. A pesar de ser un funcionario público se dirigió a su escritorio y no brindó respuesta. “Nadie quiere dar la cara”, aseguraron algunos proveedores.

Por su parte, la directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, tampoco quiso hacer declaraciones e ingresó a su despachó sin decir una palabra frente al reclamo de los proveedores.

La situación de los transportistas es similar, tampoco cobran desde junio pero en su caso fueron a buscar al jefe de Gabinete de la DGE, Andrés Cazabán, quien les dijo que les iban a transferir una suma de dinero durante esta jornada. Sin embargo, todavía no hay novedades y estos proveedores esperan ser atendidos en la Casa de Gobierno. Sin embargo, el funcionario también eludió a los medios de comunicación y sólo manifestó que iban a pagar cuando tuvieran el dinero.

 

En total son unos 72 transportistas los afectados que no cobran desde junio y la deuda asciende a unos 30 millones de pesos.

La semana pasada, les habían prometido que el dinero iba a estar depositado este lunes pero, “una vez más”, el Gobierno incumplió por eso se quedarán hasta que les den una respuesta. La situación en este caso también se agrava porque hay escuelas de Lavalle y de San Carlos que están sin transporte desde septiembre por falta de pagos.