El Gobierno nacional dispuso una ampliación del Presupuesto 2026 por aproximadamente $15,6 billones para afrontar gastos que quedaron por encima de las previsiones iniciales, una modificación que reducirá en unos $7,5 billones el superávit estimado para el cierre del ejercicio. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1391/2026, firmado por el presidente y la totalidad de los ministros del Gabinete.
La modificación representa un incremento del 10,2% sobre los créditos presupuestarios que estaban vigentes, estimados en $152,47 billones. El refuerzo de las partidas se da en un escenario de inflación superior a la contemplada al momento de elaborar el presupuesto, lo que obligó a recalcular recursos para sostener prestaciones, funcionamiento de organismos y compromisos financieros del Estado.
De acuerdo con el análisis de las planillas anexas al decreto, los recursos corrientes y de capital aumentarán en alrededor de $8,1 billones, por debajo de la expansión autorizada para los gastos. Esa diferencia será absorbida mediante una reducción del resultado fiscal que el Ejecutivo esperaba alcanzar al finalizar el año.
El superávit proyectado originalmente rondaba los $26,4 billones, pero con la nueva distribución de partidas quedaría en aproximadamente $18,9 billones. La decisión se tomó pese a que, al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones.
PAMI y deuda, los principales destinos de la ampliación
El mayor refuerzo presupuestario corresponde al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que recibirá cerca de $10 billones adicionales. El organismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, concentra una parte sustancial de los fondos incorporados al presupuesto y se convierte en el principal destinatario de la modificación.
El segundo incremento más importante se destinará al Servicio de la Deuda Pública. La partida para el pago de intereses y comisiones sumará aproximadamente $3,9 billones, en una señal del peso que tienen las obligaciones financieras sobre las cuentas nacionales y de la necesidad de actualizar las previsiones para cumplir con esos compromisos.
Entre los otros sectores alcanzados por la ampliación aparece el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, que recibirá cerca de $800.000 millones para financiar su funcionamiento. También se reforzará con unos $200.000 millones el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional.
Los incrementos se concentran así en prestaciones sociales, atención sanitaria, seguridad y obligaciones financieras, áreas que el Ejecutivo consideró prioritarias para garantizar la continuidad de sus servicios y compromisos durante los últimos meses del año.
El recorte de $2,3 billones en Servicios Económicos
La modificación presupuestaria también contempla una reducción de aproximadamente $2,3 billones en la finalidad Servicios Económicos, uno de los principales recortes identificados en las planillas anexas al decreto.
La reasignación refleja un movimiento de recursos desde programas vinculados a la actividad económica hacia partidas destinadas a prestaciones sociales, salud, seguridad y obligaciones financieras. Aunque el decreto no implica necesariamente un incremento real del gasto en la misma proporción de los fondos autorizados, sí evidencia una actualización de las previsiones frente a una nominalidad de la economía que superó los cálculos originales.
El presupuesto había sido elaborado con una pauta de inflación anual cercana al 18%, mientras que la variación de precios proyectada para 2026 se ubica en torno al 33%. Esa diferencia explica parte de la necesidad de ampliar créditos para cubrir gastos que quedaron desactualizados durante la ejecución presupuestaria.
La modificación permite al Gobierno sostener un resultado fiscal positivo para el cierre del año, aunque inferior al que había proyectado inicialmente. La nueva estimación ubica el superávit en torno a los $18,9 billones, después de utilizar una parte del margen fiscal previsto para afrontar las mayores necesidades de gasto.
