El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9743, conocida como Ley Faustino , que establece nuevas condiciones para el funcionamiento de las escuelas de verano en la provincia. La normativa apunta a regular las actividades deportivas, recreativas y formativas destinadas a niños, niñas y adolescentes, tanto en establecimientos públicos como privados, y fija requisitos de inscripción, seguridad, cobertura y personal responsable.
La legislación contempla la creación de una nómina provincial de escuelas de verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, previsto en la Ley 6457. Allí deberán inscribirse clubes, asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones comunitarias, entidades privadas y organismos estatales o municipales que desarrollen este tipo de actividades.
Para obtener la constancia de registro, los organizadores deberán presentar los datos del responsable legal, del coordinador general o responsable técnico y del establecimiento. También tendrán que acreditar la habilitación municipal del predio, contar con seguro de responsabilidad civil, servicio de emergencias médicas con traslado y presentar una descripción del proyecto pedagógico que desarrollarán durante la temporada.
La documentación tendrá carácter de declaración jurada y la constancia de inscripción será válida hasta la finalización del período estival. Para la siguiente temporada, deberá renovarse. Además, la autoridad de aplicación tendrá que publicar en su página web o en otros medios digitales el listado de instituciones que cumplieron con las exigencias, mientras que cada escuela registrada deberá exhibir la documentación de manera visible en el ingreso.
Personal, cantidad de chicos y requisitos de seguridad
Uno de los puntos centrales de la Ley Faustino es la organización de los equipos que estarán a cargo de los participantes. Cada escuela de verano deberá contar con un responsable del proyecto que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado. Además, el personal contratado deberá contar con certificado de antecedentes penales, mientras que la selección, verificación de idoneidad y supervisión quedarán a cargo del organizador.
Para los niños menores de 5 años, la normativa establece que deberá haber un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada grupo de hasta 15 chicos. En el caso de los participantes mayores de esa edad, la cantidad de profesionales y auxiliares será determinada a través de la reglamentación.
Las escuelas que cuenten con natatorios también deberán cumplir condiciones específicas. La ley exige al menos un guardavidas habilitado y registrado cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso de la pileta, además de cerramientos de protección. La vigilancia directa de los participantes en el agua será responsabilidad del personal del establecimiento y se deberá garantizar capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), identificación de riesgos y actuación ante posibles emergencias.
La normativa también obliga a mantener vigente el seguro de responsabilidad civil durante todo el ciclo operativo y establece que las excursiones o actividades con pernocte deberán contar con autorización escrita de los padres o tutores. En esos casos, el transporte deberá ser contratado a prestadores habilitados por la autoridad competente.
Un plazo de 180 días para adecuar los registros
La ley invita a los municipios de Mendoza a adherir a sus disposiciones y crear registros propios, con requisitos adicionales de acuerdo con las ordenanzas locales. También contempla un plazo de 180 días desde su publicación para adecuar los trámites de inscripción.
Ese período de transición será clave para la implementación de las nuevas exigencias, ya que la normativa prevé modificaciones administrativas para que el sistema de registro y control pueda funcionar bajo las condiciones establecidas.
La Ley Faustino surgió a partir de la muerte de Faustino Díaz Crimi, de 4 años, ocurrida en febrero de 2025 mientras participaba de una escuela de verano en el Marista Rugby Club. El caso impulsó un reclamo para establecer condiciones comunes de seguridad y control en las instituciones que organizan actividades estivales en Mendoza.
La iniciativa había sido aprobada definitivamente por la Legislatura el 10 de noviembre de 2026. Con su promulgación, la provincia formaliza un marco regulatorio que busca establecer responsabilidades para los organizadores y brindar a las familias herramientas para conocer las condiciones de funcionamiento de las escuelas de verano.
