Los tribunales de Estados Unidos recibieron este martes la primera demanda colectiva por el caso de la cripto moneda $LIBRA. En ella no fueron demandados miembros del Gobierno argentino, pero sí otros implicados como la familia Davis, Julian Peh y Benjamín Chow, entre otros.
La demanda fue presentada por el estudio jurídico Burwick Law, especializado en estafas de criptoactivos, en representación de inversores afectados en este caso. Estos solicitaron una compensación y la “restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.
Que Javier Milei, Karina Milei y otros miembros del Estado argentino no fueran incluidas en esta presentación judicial se corresponde con una decisión de los demandantes de buscar un resarcimiento económico en Estados Unidos, por la vía civil, y con esto, evitar las complicaciones y dilataciones de un conflicto legal con autoridades ejecutivas de otro país.
Sin embargo, de manera explícita, la demanda señaló al presidente argentino como una figura clave para la consumación de la estafa: “Los esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei, lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”, dicta parte del documento.
La Cámara Federal debate si acepta de querellantes a estafados argentinos
La Cámara Federal porteña resolverá si acepta como querellantes en la causa $LIBRA a tres jóvenes que dijeron haber invertido en la criptomoneda incentivada por el posteo en la red social X que publicó el presidente Javier Milei la tarde del pasado 14 de febrero.
Los camaristas de la sala dos del Tribunal de Apelaciones Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah concretaron este martes una audiencia donde escucharon al dirigente social y abogado Juan Grabois, quien patrocina a tres inversores que buscan ser aceptados como querellantes en la investigación a cargo de la jueza María Servini.
“Son tres ciudadanos argentinos estafados, tienen derecho a estar en el expediente”, expresó Grabois en la audiencia, a la que asistieron además abogados de algunos investigados en el caso.
Servini rechazó aceptarlos como querellantes por considerarlo “prematuro” en relación con que aún no se establecieron los delitos concretos bajo investigación y a que debe determinarse la “trazabilidad” de la maniobra.
Esta resolución fue apelada y la Cámara llamó a una audiencia antes de decidir. Al exponer ante los jueces, Grabois remarcó que lo ocurrido fue “una estafa a cielo abierto”.
También cuestionó la investigación delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano. “Tienen mucho miedo de que haya personas que no sean de la defensa pidiendo medidas de prueba“, acotó.