A pocas horas de su implementación, la subsecretaría de Comercio Interior encabezada por Débora Giorgi, recibió cientos de fotografías como prueba de que el congelamiento de 1.432 productos de consumo masivo hasta enero no se está cumpliendo en almacenes de cercanía, autoservicios y comercios mayoristas.  

“No los podemos poner ni los vamos a poner. Si no, nos vamos a fundir. Mi negocio me genera gastos también. Tengo que juntar para pagar los impuestos, los costos fijos”, expresó a Infobae el presidente de la Federación de Almaceneros bonaerense (FABA), Fernando Savore.

Savore explicó que no se pueden fijar los nuevos precios máximos y enumeró varios ejemplos de productos, que le envió al Gobierno, para demostrar la imposibilidad de cumplir con la norma.

El kilo de azúcar Ledesma Superior, que debería comercializarse al público a $73,30, pero que a ese precio lo venden los mayoristas, por lo que no les queda margen a los almacenes. Otro ejemplo: el Fernet Branca de 750 cc se ofrecía ayer en un mayorista de los grandes a $642 (comprando más de 3 unidades), mientras que el valor máximo impuesto por el Gobierno para el público asciende, en Buenos Aires, a $609,38. Por lo tanto un almacenero debería comprarlo bastante más caro que lo que lo tendría que vender. 

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) que nuclea a las cadenas regionales, planteó que “muchos productos no pueden comercializarse porque, o están discontinuados, cambiaron el código, o porque el costo no les da, por lo que tendrían que vender a pérdida”.

La Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) mantuvo este miércoles un encuentro con Giorgi para explicarle las dificultades para cumplir con la resolución 1.050, pero la subsecretaria les pidió expresamente que trasladaran el pedido del Gobierno a proveedores, distribuidores y mayoristas. Remarcó que se realizarán inspecciones frecuentes que, en el caso del interior, quedarán a cargo de los gobiernos provinciales.

En definitiva, el cumplimiento del congelamiento se limitará a las grandes cadenas, que son las más expuestas pero que apenas representan el 30% del consumo masivo, con 3.000 tiendas en todo el país. El 70% restante se reparte entre 18.000 autoservicios, 80.000 almacenes, 220 mayoristas generalistas y 80.000 kioscos.

El Gobierno se mantiene firme en la puesta en escena para mostrar que hace todo lo posible para que se cumpla el congelamiento de precios: la Secretaría de Comercio encabezada por Roberto Feletti remarcó en un comunicado que “el objetivo de la reunión fue plantear un trabajo en conjunto con las cadenas mayoristas para garantizar que los comercios de cercanía, como autoservicios y almacenes, no vean afectados sus márgenes de ganancia y puedan ofrecer la canasta ampliada del programa Precios Cuidados”.

“Queremos que esa canasta se cumpla en todo el país”, remarcó el funcionario. Pero el problema es, por un lado, que hasta los mayoristas hoy tienen dificultades para vender a los precios establecidos debido a las duras negociaciones con los proveedores (lo mismo que les sucede a las cadenas) y, por otro, que muchos de ellos venden al mismo precio a una familia que a un almacén. Nunca podrían comercializar al consumidor final al mismo valor.