El Gobierno nacional respondió con dureza tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que colmó las plazas de todo el país. A través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la gestión de Javier Milei ratificó que no habrá cambios en la política de déficit cero ni en el esquema de recortes que afecta a las casas de estudio.
Alejandro Álvarez sentenció que la Ley de Financiamiento Universitario carece de sustento fáctico y legal para ser aplicada en el actual contexto económico.
“Podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí“, recalcó.
El funcionario explicó que la normativa no especifica el origen de los fondos necesarios para su ejecución, lo que la invalida frente a la Ley de Administración Financiera. Según la óptica oficial, cualquier ley que aumente el gasto sin indicar su financiamiento queda suspendida de hecho, reforzando la idea de que el reclamo legislativo choca contra la realidad de las arcas públicas.
Álvarez consideró que “la ley nació muerta porque viola el primer principio, que es el presupuestario; si no especificás el origen de los fondos, la ley de ejecución marca que será suspendida“.
El Ejecutivo vinculó directamente la organización de la marcha con sectores de la oposición y partidos políticos. Desde Balcarce 50 sostienen que la manifestación no fue un evento ciudadano espontáneo, sino una herramienta de presión política orquestada para desestabilizar el programa económico.
“La marcha es política y está organizada por partidos opositores. En una República las leyes no se votan por el tamaño de una manifestación“, cuestionó el subsecretario del área.
La crítica oficial también se extendió al funcionamiento interno de las universidades y el destino de los fondos actuales. El Gobierno denunció una supuesta desvirtuación del sistema, alegando que una parte considerable del presupuesto se utiliza para sostener estructuras políticas en lugar de garantizar la formación académica de los estudiantes.
“Existe una desvirtuación completa porque parte del presupuesto se destina al pago de salarios a estructuras políticas más que a la formación“, recalcó Álvarez.
Bajo esta premisa, el oficialismo insistió en que la discusión debe girar en torno a la eficiencia del gasto y la transparencia en el uso de los recursos públicos antes de otorgar nuevos aumentos.
Con información de Infobae y La Nación.