El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) celebra este miércoles en Hamburgo la segunda y última jornada de audiencias por el reclamo de Argentina contra el Reino Unido para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Luego del cruce de argumentos entre ambas delegaciones, el organismo deberá resolver si corresponde dictar medidas provisionales para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en un área cuya soberanía permanece en disputa.
Argentina solicita la paralización inmediata del proyecto al considerar que la explotación unilateral de recursos naturales en la plataforma continental en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, en cambio, cuestiona la competencia del tribunal y sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir sobre la explotación de sus recursos naturales.
La primera jornada dejó expuestas las diferencias jurídicas entre los dos países. Mientras la delegación argentina planteó que no busca que el TIDM resuelva la cuestión de soberanía, sino que proteja los derechos sobre la plataforma continental, Londres argumentó que el reclamo argentino tiene como fundamento una disputa territorial que excede las atribuciones del organismo internacional.
El presidente Javier Milei siguió las exposiciones desde Buenos Aires y, según consignó Infobae, compartió un mensaje con integrantes de su gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia“. Desde el entorno diplomático argentino también destacaron que los argumentos británicos no modificaron la estrategia jurídica que lleva adelante el país.
La segunda ronda de exposiciones tendrá horarios diferenciados. Argentina presentará sus argumentos entre las 10.30 y las 12 de Hamburgo (6.30 a 8 de la Argentina), mientras que el Reino Unido cerrará las audiencias entre las 17.30 y las 19 (13.30 a 15 de Argentina). Después de esas intervenciones, el tribunal quedará en condiciones de deliberar.
Los cinco puntos de conflicto entre Argentina y Reino Unido
Uno de los principales desacuerdos está relacionado con la jurisdicción del tribunal. Argentina sostiene que el caso involucra obligaciones establecidas por la Convemar y que, por lo tanto, el TIDM puede intervenir. El Reino Unido rechaza esa interpretación y afirma que la controversia está vinculada directamente con la soberanía de las islas, una cuestión que, según su postura, no puede ser resuelta mediante ese mecanismo.
Otro eje es la explotación unilateral de los recursos naturales. Buenos Aires invoca la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía. Londres, por su parte, defiende las licencias otorgadas para el desarrollo de Sea Lion y sostiene que las actividades de exploración en la zona llevan décadas.
También existe un desacuerdo sobre el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas. El Reino Unido utiliza el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó mantener el vínculo con ese país, para defender la explotación de los recursos. Argentina reconoce los intereses y derechos de los isleños, pero sostiene que eso no les otorga facultades para disponer de los recursos de una plataforma continental cuya soberanía reclama el Estado argentino.
La urgencia de la intervención judicial constituye otro punto central. Argentina advierte que los preparativos para la explotación ya están en marcha y que la plataforma de perforación Noble Endeavour fue contratada para operar desde enero de 2027. Además, sostiene que la extracción de hidrocarburos provocaría un daño irreversible por tratarse de recursos no renovables. El Reino Unido responde que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la producción efectiva recién se concretaría en 2028.
El quinto eje está relacionado con el riesgo ambiental. La delegación argentina alertó sobre la posibilidad de derrames de hidrocarburos que podrían afectar sus aguas y cuestionó que la respuesta ante un eventual accidente deba coordinarse desde el archipiélago. Londres, en cambio, sostiene que los estudios de impacto ambiental del proyecto identificaron riesgos bajos y cuestiona que Argentina haya presentado pruebas de un daño inminente.
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Qué debe evaluar el Tribunal del Mar antes de resolver
Para dictar medidas provisionales, el TIDM debe verificar tres condiciones: que el futuro tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar tenga jurisdicción prima facie sobre la controversia, que exista una situación de urgencia y que los derechos que Argentina busca proteger sean plausibles desde el punto de vista jurídico.
El Reino Unido concentró buena parte de su defensa en cuestionar la competencia del organismo. La fiscal general británica, Ellie Reeves, sostuvo que la demanda argentina es, en esencia, una controversia de soberanía territorial y que el Tribunal del Mar no tiene atribuciones para resolverla. Argentina rechazó esa interpretación y explicó que su presentación busca preservar los derechos sobre la plataforma continental mientras se resuelve la disputa territorial por otra vía.
La delegación argentina respaldó su posición en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a encontrar una solución negociada. La segunda pidió evitar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación de las islas mientras continúen las negociaciones.
Sobre la urgencia, Buenos Aires destacó que la plataforma semisumergible Noble Endeavour tiene previsto comenzar operaciones en Sudamérica en enero de 2027, según el informe de actividad de Noble Corporation. Para el Gobierno argentino, la extracción de hidrocarburos produciría un perjuicio irreversible porque se trata de recursos no renovables. Londres, en cambio, sostiene que la perforación no comenzará antes de marzo de 2027 y que la producción recién se iniciaría en 2028.
Los posibles escenarios y cuándo se conocería el fallo
La presentación argentina abre tres escenarios posibles. El primero es que el Tribunal del Mar acepte el planteo y ordene suspender las actividades vinculadas con Sea Lion hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver el fondo de la controversia. El segundo contempla una aceptación parcial, con medidas de protección de menor alcance. El tercero es que el organismo rechace el pedido por considerar que no están acreditadas las condiciones necesarias para intervenir.
El proyecto Sea Lion es operado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en un área de 541 kilómetros cuadrados. El desarrollo contempla 23 pozos y una etapa de producción proyectada de 35 años, con las primeras perforaciones previstas para 2027.
La resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse el viernes 13 de noviembre, aunque también existe la posibilidad de que el tribunal extienda el plazo hasta el lunes siguiente. Según el procedimiento, el organismo deberá pronunciarse sobre el pedido argentino mientras se constituye el tribunal arbitral que tendrá a su cargo la discusión de fondo.
Un eventual pronunciamiento favorable a la Argentina también tendría implicancias diplomáticas. Desde la Cancillería consideran que una decisión que reconozca la necesidad de proteger los derechos argentinos sobre la plataforma continental reforzaría el argumento de que existe una controversia pendiente entre ambos países. El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición de que la soberanía del archipiélago no está en discusión.