El Gobierno de Javier Milei emitió este jueves el decreto 114 que habilita a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA. El caso tiene involucrado al propio jefe de Estado, que será indagado por el organismo que se abocará a evaluar posibles irregularidades o conductas indebidas.
El documento cuenta con la firma del mandatario nacional y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La normativa también dispuso la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que estará compuesta por especialistas para analizar el trasfondo del caso. Según la cartera, “no irrogará gasto alguno para el Estado”.
“El criptoactivo denominado LIBRA ha generado repercusiones y consecuencias que deben ser esclarecidas con suma urgencia por parte de las autoridades competentes”, expresó el decreto 114. El texto aclara que una vez concluidas las tareas para la que fue creada, la Unidad de Tareas de Investigación será disuelta.
La UTI tendrá la facultad de requerir información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a entidades provinciales y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También, el documento manifiesta que la unidad deberá “denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”. Aunque “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.
El organismo encabezado por Alejandro Melik, deberá determinar si hubo una violación a la Ley de Ética Pública. Entre estos puntos se encuentran:
- Si utilizó al Estado para su beneficio personal al publicitar a la criptomoneda Libra.
- Si hubo una violación a la Ley de Ética Pública por parte de Javier Milei.
- La agenda de reuniones del Presidente con empresarios del sector tecnológico.
- Si algún funcionario del Gobierno accedió a información privilegiada y la usó en su propio beneficio.
Milei fue denunciado por una presunta “operatoria criminal” ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La acusación expresa ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares. El jefe de Estado recibió 112 denuncias en la Argentina que recayeron en los juzgados de María Romilda Servini y Sandra Arroyo Salgado.