Mientras ya se discute en el recinto de la Cámara de Diputados la ley “Bases”, el oficialismo realizó una poda al voluminoso paquete de reformas que buscaba en la previa al debate. Y durante la misma sesión ordenó otro cambio: retiró la prórroga del impuesto PAIS.

El gravamen representó la última pelea entre el Gobierno y los gobernadores de la oposición, que se reunieron el lunes con el ministro de Interior, Guillermo Francos. En ese momento, los mandatarios provinciales le pidieron al funcionario de Javier Milei que coparticipara el impuesto PAIS en un 30% a las provincias.

En un principio, hubo punto de acuerdo. Pero horas después el propio Milei salió a rechazar esa posibilidad. Y durante la sesión el bloque de La Libertad Avanza confirmó que retiró el artículo que prorrogaba el impuesto PAIS.

Sin embargo, desde el bloque de Hacemos, que responde al gobernador cordobés Martín Llaryora, adelantaron que pedirán que se restituya ese artículo y que se coparticipe a las provincias.

Por otro lado, el Gobierno también cumplió con su compromiso y retiró los cambios en la ley de pesca que eran rechazados por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Los dirigentes del PRO estaban preocupados por la reforma ya que modificaba los cupos de pesca, suprimía la obligatoriedad de la descarga en los puertos argentinos y eliminaba la obligación de que el 75% del personal en los barcos fuera de nacionalidad argentina.

Otro cambio fue la eliminación del artículo que permitía la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses al Tesoro Nacional, que surgió por la negociación entre el Ejecutivo y los bloques opositores con los que se sentó a negociar.

De igual manera, se eliminaron artículos que otorgaban a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich facultades especiales, a través de reformas en el Código Penal. Entre ellas, la suba de multas para penalizar a los organizadores de las protestas callejeras o la tipificación de una reunión cuando sea una congregación intencional de 30 personas o más en el espacio público. También se retiró la obligación de notificar al ministerio de Seguridad la realización de una manifestación con antelación.

Los 10 artículos que reformaban el Código Civil y Comercial también fueron eliminados. Y en materia electoral, la negociación permitió borrar los artículos que referían al financiamiento de los partidos políticos -el monto máximo de aportes por persona y las rendiciones a la Justicia-.

En temas de ambiente, el oficialismo accedió a sacar las modificaciones sobre la ley de protección de bosques, relativas al artículo que eliminaba las partidas presupuestarias fijas y que serían definidas a discreción por el Gobierno nacional.