El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, un movimiento que funcionará como primera prueba de su capacidad para articular acuerdos políticos de cara al Presupuesto 2026.
Tras dos años operando con la prórroga del presupuesto de 2023, el Ejecutivo enfrenta un escenario de negociaciones estancadas con los gobernadores, pese a la reciente incorporación de Diego Santilli al Ministerio del Interior. La falta de un borrador consolidado alimenta la incertidumbre y expone la distancia entre el Gobierno y las provincias.
La elaboración de las modificaciones está centralizada en el Ministerio de Economía. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lidera la redacción técnica desde el Palacio de Hacienda, aunque ninguna jurisdicción recibió documentación preliminar.
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Mientras tanto, Luis Caputo mantiene conversaciones parciales: avanzó con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires sobre los pagos pendientes de coparticipación y retomará la discusión cuando Jorge Macri se reúna con Santilli. En paralelo, la reunión agendada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue suspendida, dejando sin resolver reclamos financieros acumulados.
Las provincias de la Patagonia concentran los planteos más urgentes. Santa Cruz exige el pago de $11.000 millones correspondientes a convenios incumplidos de Vialidad Nacional, mientras Tierra del Fuego asumió la vocería regional para reclamar la regularización de deudas.
A esto se suma la preocupación por el modelo de peaje que impulsa el Gobierno: empresarios del sector vial advierten que la propuesta solo cubre 9.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que abre la posibilidad de un eventual traspaso de jurisdicciones a las provincias.
Otra área de conflicto son los subsidios de gas. Santa Cruz reclama $15.000 millones adeudados por el régimen de Zonas Frías, un beneficio cuyo alcance el proyecto de Presupuesto 2026 restringía drásticamente. Esa poda, que excluía a más de tres millones de hogares en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, quedó en suspenso tras el nuevo esquema de subsidios anunciado por la Secretaría de Energía para 2026. La intervención oficial no disipa el malestar en las provincias afectadas.
El punto más sensible es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto prevé transferencias de $122.762 millones, pero limita los anticipos a aquellas provincias con déficit reconocido por acuerdos anteriores con Anses, como mínimo desde 2021.
Los gobernadores consideran insuficiente el monto y cuestionan las restricciones de acceso a los recursos. En este marco, la definición del Presupuesto 2026 se convierte en un test político que medirá la capacidad del Gobierno para ordenar las cuentas públicas sin profundizar la tensión con las provincias.