La sombra de Alberto Nisman, el fiscal que llevó adelante la investigación por el ataque a la AMIA, sobrevuela sobre las instituciones argentinas que aún no pudieron dar respuesta a los más mínimos interrogantes de su muerte, a un año de sucedida en extrañas circunstancias y tras denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrir a Irán en el atentado.
Nisman murió con un tiro en la cabeza dentro del baño de su departamento en el edificio Le Parc de Puerto Madero: no se sabe ni siquiera si falleció en la mañana del domingo 18 de enero, como afirman los análisis del Cuerpo Médico Forense o si el deceso fue el sábado 17, como sostiene la querella que impulsa en nombre de sus hijas su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Pero, además, fue tal el grado de contaminación en la escena del suceso que tampoco se puede confiar en las pericias que se llevaron adelante en la causa para intentar dilucidar el caso: cuando se descubrió el cuerpo más de 30 personas desfilaron por el departamento, entre ellos el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, tras la tardía convocatoria a la madre del fiscal, Sara Garfunkel, para que ingresara con un cerrajero al departamento. Allí, sólo se encontró ADN de Nisman.
Una filmación de levantamiento de rastros fue editada al momento de llegar al arma: una pistola Bersa calibre 22 que curiosamente no dejó rastros de pólvora en las manos de Nisman, pese a que ese tipo de armamentos habitualmente lo deja.
Incluso el video muestra un pelo negro en el baño a centímetros del casquillo de bala pero esa prueba no se recolectó, con lo que quedó perdida para siempre la posibilidad de saber si pudo haber habido otra persona en el baño, sostienen los querellantes.
Tampoco había huellas en la casa o en el arma del técnico informático Diego Lagormasino, quien le prestó la pistola a Nisman el sábado 17 y quien resultó un personaje sobre el cual apuntar, tanto desde el Gobierno como para la jueza Arroyo Salgado. Lagormasino está imputado en la causa, aunque nunca fue llamado a indagatoria.
Estas son apenas algunas gotas en el mar de irregularidades que tuvo la investigación llevada adelante por la fiscal Viviana Fein, quien hasta ahora nunca firmó el prometido dictamen en donde se iba a pronunciar -después de las elecciones presidenciales- sobre si la muerte de Nisman fue un asesinato, un suicidio o una muerte inducida.
Ahora, Fein perdió el control de la causa. Tras un enfrentamiento abierto con la querellante Arroyo Salgado, la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini resolvió en diciembre hacerse cargo de la investigación, algo que ya se le había pedido en varias oportunidades y a lo que se había negado.
La decisión de Palmaghini llegó justo cuando la querella impulsaba el pase al fuero federal de la investigación, ya que la ex mujer de Nisman sostiene que al fiscal lo mataron por investigar la causa AMIA.
La muerte del fiscal sucedió justo cuatro días después de haber denunciado a la entonces Presidenta por “encubrir” a Irán en la responsabilidad del atentado que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas muertas y dejó a una sociedad aterrorizada.
Para Nisman, el Memorándum con Irán, que el entonces canciller Héctor Timerman por orden de Cristina Fernández firmó con ese país fue una forma de impunidad para que los ciudadanos iraníes sospechados de haber organizado la masacre quedaran exentos de las circulares rojas de Interpol y se pudiera avanzar en una serie de negocios comerciales entre las dos naciones.
La jefa de Estado fue y vino con la caracterización de hecho, alternando entre hipótesis de suicidio y de asesinato. En silla de ruedas, vestida de blanco y por cadena nacional, apareció el 26 de enero de 2015 para decir que a Nisman lo habían matado para perjudicar a su Gobierno, después de haber presentado una denuncia escrita por otros a los que supuestamente obedecía y en medio de una campaña de desprestigio en donde se veía al fiscal en fotos, cuanto menos, indecorosas para un funcionario.
Así, Cristina Fernández descabezó la SIDE, creó la AFI y convirtió en un archienemigo de la Argentina el espía Antonio “Jaime” Stiusso, quien había sido funcional al Gobierno durante la mayoría de los años kirchneristas.
Mientras tanto, la denuncia de Nisman quedó en la nada: el juez Daniel Rafecas decidió cerró la causa sin siquiera abrirla a investigación, tras considerar “alarmante” y “temeraria” acusación contra la jefa de Estado.
La Sala I de la Cámara Federal -que en 2014 había considerado inconstitucional el Memorándum con Irán- ratificó ese fallo.
Un fiscal afín al kirchnerismo frustó nuevas apelaciones pero se activó un dominó interminable de jueces y fiscales colocados y removidos buscando un fallo que legitimara el pacto con Irán impulsado por el kirchnerismo. Todo quedó en la nada cuando Mauricio Macri ganó la presidencia y el Ministerio de Justicia presentó un escrito desestimando apelaciones y dejando firme aquella inconstitucionalidad.
En medio de los avatares políticos, gran parte de la sociedad tiene la certeza de que a Nisman lo mataron, pero la justicia argentina sigue retorciéndose en sus dudas.