El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes, mediante un decreto, la Ley Antimafias. La norma, sancionada durante el periodo extraordinario en el Congreso, endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas con el fin de desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas.
La norma considera como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen en la creación de delitos graves. Estas bandas deben actuar en áreas geográficas determinadas y con modalidades de obtener beneficios ilícitos o intimidar a la población.
En estos casos, el Ejecutivo introdujo criterios a la hora de investigar la vinculación de delitos con organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas y la intención de amedrentar a autoridades o desplazarse a otras áreas de control.
Una de los cambios del proyecto que presentó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que sancionó el Congreso, es la investigación especial que permite a autoridades judiciales a declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial, facilitando intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la justicia.
Entre las facultades, las autoridades judiciales podrán acceder a la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales. Otro punto clave es la modificación del Código Penal, en el que introduce nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita.
Las sanciones pueden variar entre ocho y veinte años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas. Por otro lado, la norma permite el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales, incluso antes de una condena.
En caso de que Ministerio Público Fiscal solicite el decomiso de bienes de personas involucradas en organizaciones criminales, estos bienes pasarán inmediatamente al dominio del Estado. Si la persona es absuelta, los bienes serán restituidos, garantizando la protección del derecho de propiedad.