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La Justicia de Mendoza condenó a una empresa de medicina prepaga a pagar $11 millones a dos jubilados, en una causa iniciada por los fuertes aumentos de las cuotas aplicados después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023. La Cámara de Apelaciones en lo Civil elevó la condena, inicialmente de $6 millones, e incorporó una sanción de $5 millones por daño punitivo, al considerar especialmente grave la conducta de la prestadora frente a una orden judicial.

El fallo, dictado el 18 de noviembre por la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, favoreció a un matrimonio de jubilados, afiliados a la empresa desde 1997. Cada uno recibirá $5,5 millones, aunque la cifra será superior ya que deben agregarse los intereses correspondientes.

El conflicto comenzó con los aumentos de las cuotas. Según consta en la sentencia, el plan familiar costaba $131.723 en diciembre de 2023. En enero de 2024 pasó a $242.380; en febrero llegó a $299.340 y en marzo alcanzó los $368.188. Los jubilados sostuvieron que esos incrementos comprometían seriamente sus posibilidades de mantener la cobertura médica.

Ante la falta de una solución, recurrieron a la Justicia Federal. El 12 de abril de 2024, el Juzgado Federal 2 de Mendoza ordenó a la prepaga dejar sin efecto los aumentos cuestionados y recalcular las cuotas de acuerdo con los parámetros establecidos en la medida cautelar. También le exigió acreditar el cumplimiento en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, la empresa no cumplió dentro de ese plazo. Los afiliados denunciaron la situación y, el 2 de mayo, el juzgado volvió a intimar a la prestadora para que adecuara las facturas en tres días, bajo apercibimiento de aplicar una sanción económica diaria.

La primera rectificación llegó el 13 de mayo: la empresa emitió una nota de crédito y fijó la cuota en $185.290. Para entonces habían transcurrido 28 días desde la notificación de la medida cautelar, pese a que el plazo judicial había sido de apenas 48 horas.

La prepaga atribuyó la demora a problemas informáticos en su sistema de facturación. Sin embargo, la explicación no pudo ser corroborada mediante una pericia técnica. El experto designado informó que no había podido acceder a los sistemas y a la documentación que estaban bajo control de la compañía. La Cámara entendió que, por esa razón, no podía darse por demostrada la justificación invocada.

El expediente también registró un nuevo episodio en noviembre de 2024. El día 6, la empresa emitió una factura por $678.247, muy por encima de los $185.290 que se venían facturando.

Esa factura fue anulada mediante una nota de crédito el 14 de noviembre y reemplazada por otra por el importe anterior. La Cámara tuvo en cuenta esa rectificación y aclaró que no había pruebas de que los jubilados hubieran pagado la factura más elevada. No obstante, observó que la corrección no había sido acreditada oportunamente ante el juzgado federal, que el 20 de noviembre hizo efectivas y elevó las sanciones conminatorias.

Al analizar estos antecedentes, las juezas concluyeron que la conducta de la empresa superó un incumplimiento contractual común. En uno de los pasajes centrales del fallo, señalaron: “Se encuentra acreditada una negligencia grosera, no un comportamiento doloso”. Es decir, no consideraron probado que la prepaga hubiera actuado con intención de perjudicar a los afiliados, pero sí que desatendió de manera especialmente grave una orden judicial.

La Cámara también ponderó que los demandantes eran adultos mayores, jubilados y afiliados desde hacía casi tres décadas. En ese sentido, aclaró que “la condición de persona mayor no determina automáticamente la existencia de dolo o culpa grave”, aunque constituye un factor relevante cuando está comprometido un servicio esencial, como la cobertura de salud.

El tribunal hizo una distinción importante: no encontró pruebas suficientes para afirmar que la empresa hubiera desarrollado una práctica anticompetitiva sistemática ni que hubiera obtenido un beneficio económico extraordinario con esos episodios. Tampoco acreditó una interrupción efectiva de las prestaciones médicas. La sanción se apoyó, en cambio, en los hechos concretos ocurridos después de la medida cautelar: la demora en cumplirla, la falta de respaldo técnico para explicar esa demora y la posterior facturación cuestionada.

Por esos motivos, las juezas admitieron el reclamo de los jubilados -patrocinados por los abogados Jorge Juan Caloiro y Marcos González Landa- en segunda instancia y sumaron $5 millones por daño punitivo a los $6 millones que ya habían sido reconocidos en primera instancia por daño moral.

La sentencia establece que la empresa deberá pagar los $11 millones dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme y ejecutoriado, más los intereses correspondientes. La Cámara explicó que este tipo de sanción no busca compensar nuevamente el sufrimiento de los consumidores, sino prevenir conductas similares por parte de los proveedores de servicios.