BUENOS AIRES (DYN). El Gobierno convocó para el miércoles a los partidos con el objetivo de iniciar la discusión sobre la reforma política, pero la mayoría de la dirigencia opositora reclamó ampliar la agenda e incluir, entre otros, temas sociales y económicos.

   Entre los temas a discutir figuran elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, el financiamiento de los partidos políticos, el gasto de propaganda política de campaña y el sistema electoral nacional. La UCR, en tanto, puso condiciones para encarar el diálogo con el oficialismo y Elisa Carrió rechazó el llamado del Gobierno por entender que el ámbito de discusión es el Congreso. Las conversaciones se iniciarán mañana, en una primera etapa que incluirá a diez partidos políticos, en una siguiente ronda tomarán parte gobernadores y las reuniones serán presididas por Florencio Randazzo, informó el propio ministro del Interior.

    “Nos proponemos escuchar y que nos escuchen, hacer propuestas diferentes. Nuestros objetivos están direccionados a mejorar el sistema político argentino, por eso creemos que debe ser un diálogo abierto, amplio y no excluyente, teniendo en cuenta que estamos a más de dos años del inicio de un próximo proceso electoral”, argumentó Randazzo, en una conferencia en la Casa Rosada. El funcionario puntualizó que el resto de los partidos políticos serán citados en el lapso de 30 días, en grupos de a diez, porque hay medio centenar de fuerzas con representación parlamentaria y que se intercalarán agrupaciones de mayor peso político con otras de menor dimensión electoral. En tanto, desde la oposición si bien se respaldó la iniciativa del Gobierno, reclamaron no limitar el diálogo a las reformas del sistema electoral y de los partidos políticos.

   Carrió, de la Coalición Cívica, rechazó la convocatoria. “El lugar de debate, discusión y eventuales consensos de la política económica, social y productiva y de reformas de partidos políticos es el Parlamento”, aseveró la chaqueña. Desde el radicalismo, su presidente, Gerardo Morales, se mostró en desacuerdo con la agenda anunciada por el Gobierno y pidió discutir la pobreza, la economía, el reparto del dinero entre la Nación y las provincias, la tarifa social y el INDEC.

   Por su parte, el gobernador santafesino, el socialista Hermes Binner, rechazó que la convocatoria al diálogo sea una muestra de debilidad y la juzgó como “un síntoma de crecimiento de la democracia”. “Es un espacio importante para poder conversar e intercambiar ideas y buscar soluciones”, argumentó Binner. Por su parte, el presidente del interbloque de diputados de Unión-Pro, Federico Pinedo, advirtió que si el diálogo “se va a limitar a la reforma política, entonces no se va a ocupar de los problemas de la gente”. “El diálogo con los representantes de pueblo tiene que incluir los temas que se van a discutir este año”, enfatizó el dirigente de centroderecha en un comunicado. Pinedo reclamó que se incluyan los superpoderes (facultades delegas por el Congreso al Poder Ejecutivo), retenciones, coparticipación del impuesto al cheque, devolución a las provincias de los recursos de la Anses y política de servicios públicos.

   Respecto de los plazos del diálogo, Randazzo subrayó: “Por supuesto que aspiramos a que el diálogo no sea interminable y que en algún momento podamos consolidar los aspectos que hemos consensuado en un proyecto de ley para que la vote el Parlamento”. Acerca de los gobernadores, el ministro aclaró que estos estarán incluidos en los partidos con representación parlamentaria y que participarán en el diálogo tanto las fuerzas representadas en el Congreso como aquellas que ingresarán a partir de diciembre, pero también se recibirán sugerencias de otras agrupaciones.