El Gobierno nacional decidió no acatar el fallo de la Corte que ordena aumentar el porcentaje de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. En un comunicado, sostuvo que la sentencia es de “imposible cumplimiento” y adelantó que recusará a los miembros del tribunal.
Alberto Fernández recibió este jueves al mediodía a los gobernadores justicialistas que cuestionaron la decisión de los supremos.
Pero quedaba pendiente la definición política pura de ese encuentro, que llegó pasadas las 20.30 a través del comunicado en el que la Casa Rosada remarcó que el fallo es “inédito, incongruente y de imposible incumplimiento”, pero además indicaron que la Corte no fundamentó el modo por el que propuso que el Estado nacional le pague a CABA e, 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Cifra que, en otros números, representan 180 mil millones de pesos.
También rechazó la idea de los ministros que esa transferencia de recursos a CABA no perjudique a las provincias. “Esto es completamente falso”, reafirmaron.
Por ello, tras la reunión, el Ejecutivo afirmó que el fallo “es político, de cara al año electoral”.
“La Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de CABA”, señalaron, colocando la pulseada en el plano de la carrera electoral hacia 2023.
Por último, Fernández adelantó que “ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria in extremis” de la resolución de la cautelar que disparó este nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y los supremos.
La embestida también sumará a los gobernadores que tomarán por separado sus acciones judiciales.
