El Gobierno de Javier Milei, durante su primer año de gestión, llevó a cabo una serie de auditorías en todas las áreas del Estado. Una de las más relevantes fue la realizada en el Ministerio de Salud, que reveló diversas irregularidades en hospitales nacionales, principalmente relacionadas con sobreprecios en medicamentos y contrataciones de servicios tercerizados.
Desde la Casa Rosada, se denominó a este proceso como una “reorganización y eficientización de recursos“. Tras analizar los primeros informes, se destacó la existencia de una “distribución espuria de recursos, el engrosamiento innecesario de la planta de personal, un mal manejo presupuestario, superposición y duplicación de servicios, así como contrataciones y compras de insumos con precios distorsionados“.
Entre las irregularidades más significativas, los datos muestran notables discrepancias en los costos de servicios tercerizados. Por ejemplo, el costo de una hora de vigilancia en el Hospital Garrahan era de $8.000, mientras que en el Hospital El Cruce ascendía a $19.536 y en el Hospital Cuenca Alta a $19.163, lo que representa una disparidad del 144% entre el menor y el mayor valor registrado.
Situaciones similares se encontraron en los servicios de limpieza, donde el costo por trabajador variaba entre $1.600.000 en el Hospital Posadas y más de $2.400.000 en El Cruce y Cuenca Alta, reflejando una diferencia del 53%.
En cuanto a los medicamentos, la auditoría reveló que los hospitales públicos adquirían productos a precios considerablemente superiores a los de las farmacias.
Por ejemplo, el clonazepam era adquirido por el Hospital Bonaparte a $21,99 por unidad, mientras que el Hospital Garrahan pagaba $79. En el caso del diclofenac, el Hospital Bonaparte pagaba $60, pero en el Hospital Posadas el precio ascendía a $1.462, un 274% más que el precio de venta al público.
La amoxicilina con ácido clavulánico también mostró diferencias marcadas: El Cruce pagaba $328, mientras que el Hospital Sommer abonaba $725 por el mismo producto. El caso más extremo fue el del omeprazol: en el Hospital El Cruce, los comprimidos de 20 mg se adquirían a $317, un 495% más que en una farmacia.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, implementó un plan para ordenar los gastos y priorizar la asignación de recursos en los pacientes, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de calidad.
Entre las medidas adoptadas, se destacan la revisión y renegociación de contratos clave, como los de seguridad y mantenimiento. Estas acciones permitirán, según proyecciones del Ejecutivo, una reducción del 35% en los costos de limpieza y del 45% en los de seguridad para 2025, lo que representará un ahorro total estimado de $760 millones.
El ministerio planea implementar un modelo de gestión más “transparente y eficiente“, que incluirá la publicación de una Guía de Buenas Prácticas en Gestión Financiera, la homogeneización de precios de referencia y procesos de contratación, incentivos basados en resultados y un modelo de recupero de costos para los hospitales nacionales.