Durante la pandemia de Covid-19 en 2020, el Estado nacional realizó contrataciones de emergencia debido a la situación extraordinaria, para dotar al sistema de salud de las medios para enfrentar el virus. Dos años después, la Auditoría General de la Nación aprobó por unanimidad -esto es, con el voto incluso de los miembros del oficialismo- un informe donde se señalan graves irregularidades en las contrataciones que realizó el Ministerio que, por entonces, dirigía Ginés González García.
En 2020, la cartera sanitaria hizo compras y contrataciones por la suma de $4.581 millones. De ese total, la AGN auditó $3.509 millones. Las adquisiciones del Estado fueron para elementos de protección contra el covid -barbijos, camisolines, guantes, antiparras, alcohol en gel, entre otras-, así como también insumos y servicios para el traslado de, por ejemplo, las vacunas.
En el caso de la vestimenta para la protección del personal, no hubo documentación que respaldara los precios que ofertaban los proveedores, que permitieran justificar esos montos.
Uno de los ejemplos más gráficos es que se compraron 200.000 camisolines descartables por $44 millones, pero no estaban habilitados para uso médico por el ANMAT. Lo mismo sucede con otros expedientes donde no se verificó que el organismo de control sanitario dio su aprobación.
En otro expediente, se verificó que se había contratado a una empresa -denominada Aeromedical SA- cuyo titular era un empleado contratado por el mismo ministerio de Salud.
Otro dato llamativo que resultó del control es que la designación del titular de la Dirección de Compras y Contrataciones del ministerio se hizo efectiva el 20 de julio. Llegada a esa fecha, ya se habían hecho erogaciones por $618 millones.
Por otro lado, se verificó que unos diez contratos contenían diferencias entre el monto de la orden de pago y lo facturado por las empresas prestadoras. Las diferencias a favor del ministerio son de $452.406 millones, y en contra $53,2 millones.
En general, hubo un relajo de los organismos de control interno. A tal punto que en ninguno de los más de 300 expedientes analizados por la AGN se constata la emisión de informes por parte de la Dirección de Contabilidad y Tesorería, no se dio participación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Por ello, se confirmó que el gasto autorizado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa para comprar insumos médicos fue de $113 millones, cuando en principio estaba autorizada por $24 millones.
Según indicaron desde la AGN, el ministerio de Salud que ahora dirige Carla Vizzoti hizo su descargo, pero no conformó a las autoridades del organismo fiscalizador.
Con información de La Nación.