El Gobierno nacional intensificó este sábado los esfuerzos para asegurar que el veto realizado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario sea confirmado por el Congreso.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a cuestionar la propuesta, argumentando que podría poner en riesgo el objetivo de déficit cero, y mencionó que están en conversaciones con bloques aliados para garantizar el respaldo a la decisión de la Casa Rosada.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, hizo un llamado a la responsabilidad de los legisladores.
Torrendell expresó que “es un error aprobar una ley sin contar con los fondos necesarios para financiarla“. En una entrevista con un medio porteño, el funcionario destacó la importancia de que “prime la racionalidad en una parte del Congreso” para mantener el veto. Además, subrayó que la normativa no especifica de dónde provendrán los recursos.
El secretario de Educación señaló que el Congreso tiene la posibilidad de aumentar los fondos destinados a las universidades, siempre que se reduzcan otros gastos. “El Congreso podría aprobar un incremento para las universidades utilizando recursos disponibles, ajustando otras partidas del gasto público y respetando el déficit cero. La solución no es tan complicada“, afirmó.
Por su parte, Francos defendió la postura del presidente Javier Milei respecto al veto. “Parece que el Gobierno está atacando la educación pública, pero nada más lejos de la realidad. Lo que se busca es asegurar que los fondos del Estado se inviertan de manera eficiente“, afirmó el jefe de Gabinete en diálogo con Lorena Maciel en Radio con Vos.
En caso de que el Congreso rechace el veto y ratifique la ley, Torrendell aseguró no saber cuál será la respuesta del Gobierno. Esto en referencia a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sugirió la posibilidad de que el conflicto se judicialice. “Es necesario asignar los fondos con claridad sobre su origen, lo cual es un requisito legal. Podría haber una argumentación jurídica al respecto”, explicó.
Torrendell también advirtió: “Es posible aumentar los recursos para la educación, pero si estos se malgastan, estaríamos aplicando un ajuste mucho más severo en el futuro para sanear las cuentas públicas. No podemos continuar asignando recursos sin un criterio claro. No se trata solo de ideas grandiosas, sino de aplicarlas día a día para que los estudiantes, especialmente los más desprotegidos, reciban una educación de calidad”.
Francos, por su parte, añadió: “Estamos hablando de una ley de ‘Financiamiento Universitario’, pero en realidad se trata de un aumento del gasto administrativo de las universidades y de los salarios docentes. La ley de administración financiera establece que cualquier ley que implique gastos debe especificar de dónde provienen los recursos, y esta ley no lo hace”.
Con información de TN.