El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, rechazó el pedido de inconstitucionalidad sobre los decretos del presidente Alberto Fernández, que había realizado la defensa de Stefanía Domínguez, una de las amigas de Fabiola Yáñez que participó de la fiesta de cumpleaños de la primera dama en la residencia de Olivos. 

La defensa de Domínguez encarada por el mediático abogado Mauricio D´Alessandro había solicitado que se declare la inconstitucionalidad de los DNU que establecieron la prohibición para circular durante 2020. Por otro lado, el defensor había pedido el sobreseimiento de la imputada por “inexistencia de delito”. 

“Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos – más allá de su invalidez e inconstitucionalidad – buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19″, argumentó en su pedido D´Alessandro.

El planteo ya había recogido el rechazo del fiscal Ramiro González y ahora se sumó el juez Mirabelli. 

El magistrado argumentó que “no se advierte prima facie la necesidad de invalidad los decretos de necesidad y urgencia cuestionados, toda vez que no aparecen irrazonables frente al caso concreto, a raíz de la posible colisión con otros principios constitucionales en juego, ni la defensa se ha ocupado de argumentar y demostrar dicha situación”.

Pero además recalcó que “negar de manera absoluta la validez de la herramienta cuestionada sería privar a las autoridades ejecutivas de la posibilidad de cumplir con su mandato constitucional de proteger la salud pública”.

En esta misma causa también está imputado el propio Alberto Fernández, su pareja Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham, quienes participaron del festejo el 14 de julio de 2020, a pesar de los DNU que establecían las restricciones a la circulación.

Pero ahora Mirabelli debe resolver el pedido del presidente, que también sostuvo que debe ser sobreseído porque no se cometió delito. En su planteo, propuso una reparación económica al Instituto Malbrán. En principio, Mirabelli rechazaría este planteo.