“… Ema Bondaruk, una adolescente de 15 año,  oriunda de la localidad bonaerense de Longchamps (Argentina).

Su nombre y su historia se convirtieron en un emblema de la lucha contra la violencia de género en entornos digitales tras su trágico fallecimiento.

En agosto de 2024, Ema fue víctima de la difusión y vitalización no consentida de imágenes íntimas suyas dentro de su entorno escolar y social.

Ante la exposición, el hostigamiento y la falta de contención o herramientas institucionales para frenar el impacto de esa agresión, la situación la superó y se quitó la vida.

Su madre, Laura Sánchez, convirtió su dolor en una activa lucha para visibilizar lo ocurrido, impulsando junto a distintas organizaciones sociales y legisladores normativas de prevenció.

Es de manifestar que la virtualidad en la que, los integrantes de  toda la  sociedad, en su conjunto nos encontramos inmersos/as, tiene una complejidad importante, desde el momento que carece de limitaciones de horarios, y fundamentalmente jurídicas.

Si nos enfocamos en las nuevas generaciones en que niñas, niños y adolescentes, casi de modo consuetudinario, han hecho de la virtualidad,  el lugar inicial donde construye, por decirlo de algún modo,  su subjetividad, haciendo vida social de manera virtual generando,  incluso, la construcción de vínculos.

No obstante ello, la dinámica virtual mencionada, arrasó de manera estrepitosa en la sociedad actual.

La  Ley EMA, pone un  freno a la violencia digital en los contextos de Instituciones educativas, direccionando un norte directo, que orienta al Colegio, la Familia y el Estado, en estos casos tan alarmantes.

De manera tal que las leyes, que rigen la convivencia social, en este caso concreto, debería servir para educar, prevenir, detectar a tiempo y sancionar la conducta de quienes vulneren, manipulen o difundan contenido ajen,  sin consentimiento, de la persona expuesta a la violencia digital.

Normativamente la Ley EMA, pone de resalto, los tan mencionados, principios rectores de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con Jerarquía Constitucional,  incorporados a nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) y el Principio del Interés Superior del Niño (Art. 3 de la Convención de los Derechos del Niños, siendo  correlativos con nuestra normativa vigentes y sus leyes.

Por lo tanto, el artículo 26 de nuestra normativa argentina,  reconoce el ejercicio progresivo de los derechos por parte de menores de edad,  en función de su edad y grado de madurez, consagrando además que a partir de los dieciséis años el adolescente es considerado un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

La ley reconoce esta autonomía corporal, progresiva y existencial.

Claramente, la lógica nos conduciría a asegurar, que el Estado y la sociedad deberían garantizar un entorno seguro donde esa autonomía no sea avasallada ni destruida por medios digitales ejerciendo  la violencia.

La Ley EMA no tiene nada que ver con un vacio legal, es mas esta directamente vinculada con la Ley N° 27.736 (Ley Olimpia, que ha sido desarrollada en diario El Sol.

La Ley Olimpia, incorporó la violencia digital o telemática, a la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres.

La intimidad, la imagen y el hono r, temas desarrollados en Diario El Sol, son bienes personalísimos, o bienes de la personalidad, tutelados por el Código Civil y Comercial de la Nación,  y su violación en contextos de redes sociales y demás espacios  virtuales, constituyen firmemente,  una lesión directa a los Derechos Humanos Fundamentales.

 “…Nuestra Doctrina Argentina,  en derecho de familias y niñez sostiene pacíficamente que la vulnerabilidad digital de niños, niñas y adolescentes requiere una respuesta tuitiva reforzada (parens patriae).

Los tribunales de familia y los organismos administrativos de protección ya no pueden limitarse a evaluar el daño patrimonial o moral abstracto, sino que deben dictar medidas cautelares urgentes e innovadoras (órdenes de cese de hostigamiento, bloqueo inmediato de contenidos en plataformas, derivación asistencial) frente a ataques perpetrados en redes sociales.

La jurisprudencia moderna ha comenzado a comprender que una imagen íntima viralizada sin consentimiento constituye una forma de abuso sexual y emocional continuado en el tiempo, donde el daño a la honra y la psiquis de la persona menor de edad se perpetúa con cada reproducción digital…”

La Ley EMA es un grito de JUSTICIA.

Nos recuerda a cada minuto,  que la tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana y no de su vulneración de los derechos de las personas sin límite alguno.  

Su caso encendió una alarma ineludible en el sistema de protección de derechos, evidenciando que el ciberacoso, la vitalización de contenidos íntimos y la violencia de género digital no son meros “conflictos entre jóvenes” ni “cosas de la edad”, sino agresiones graves con consecuencias irreparables sobre la salud mental y la vida misma de las infancias y adolescencias…” (Ministerio Publico de la Defensa- htpps://www..mpd.gov.ar)

DRA. SOFIA BURAD
ABOGADA DE FAMILIAS