La decisión del juez federal Sebastián Casanello de enviar a la justicia de San Isidro la causa por el festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, el 14 de julio del año pasado en la quinta de Olivos en lo más estricto de la cuarentena, no fue bien recibida en la Casa Rosada.

Funcionarios nacionales temen que la causa por no respetar la cuarentena obligatoria, que tiene como principal protagonista al presidente Alberto Fernández, quede en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En este contexto el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró este jueves que si se espera una investigación y un fallo imparciales, no sería lo “más adecuado” que Arroyo Salgado tomara parte.

“En términos de una causa con la dimensión política que se le ha pretendido dar, me parece que no es lo más adecuado si lo que se espera es un fallo imparcial o una investigación imparcial”, advirtió Mena al puntualizar en que la causa de Olivos “tiene connotaciones demasiado políticas”.

Mena alertó sobre lo que podría despertar la participación de Arroyo Salgado en la expediente. “Más allá de las personas que puedan ser investigadas en esta causa, claramente no garantiza ningún tipo de objetividad e imparcialidad, eso lo ha demostrado su conducta en los últimos años”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

Casanello se declaró incompetente para intervenir en el caso porque sostuvo que los hechos ocurrieron en Olivos y que por lo tanto el caso debe pasar a San Isidro, al juzgado que “por turno corresponda”

Ese juzgado, según fuentes judiciales, es el federal 2 a cargo de Lino Mirabelli. Pero aún no está definido que el expediente se lo quede él o Arroyo Salgado, que ya tiene una denuncia en su despacho por los mismos hechos y hace una semana había pedido a Casanello que le enviara para determinar si le correspondía investigarla.

Para el Gobierno es una preocupación que Arroyo Salgado se quede con el expediente y, por el contrario, ve con buenos ojos que el caso quede en manos de Mirabelli.

De tomas maneras el pase del caso no es inmediato ya que las partes tiene tres días para apelar esa decisión. Entre ellas el propio Fernández, que se presentó en la causa como abogado propio y pidió su sobreseimiento porque, en su opinión, no cometió ningún delito y su conducta festiva no generó contagios ni propagación del coronavirus. En caso que no lo acepten, solicitó realizar una conciliación económica para cerrar el caso.