El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este viernes por malversación de fondos a dos referentes del peronismo mendocino: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús.
Ambos se encuentran sospechados junto al dirigente social Juan Grabois por irregularidades en el manejo malversación de los caudales destinados a un plan de viviendas que funcionó entre 2020 y 2023, bajo la administración de Alberto Fernández.
La denuncia fue impulsada a partir de una auditoría que realizó el Gobierno nacional y que detectó maniobras fraudulentas en el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
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En la causa también se encuentra acusada Fernada Ramona Miño, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que comandó en ese entonces de la Secretaría de Integración Socio Urbana.
De acuerdo con la instrucción, Grabois quedó comprometido porque tenía algún tipo de injerencia en el manejo y distribución de los fondos del FISU. Mientras que Fernández Sagasti y Tanús estuvieron a cargo de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA).
En su momento, cuando explotó el escándalo y se hablaba de que parte de los fondos fueron destinados a la campaña electoral del PJ en Mendoza, Fernández Sagasti se expresó al respecto y aseguró que no había pruebas de lo denunciado, argumentando que se trataba de “una operación”.
“El FISU, cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas, habiéndoseles destinado fondos hasta 1.000.000.000 de dólares en los últimos tres años, los cuales habrían sido utilizados para beneficio propio o para campañas políticas, existiendo además
sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos”, sostiene el requerimiento presentado ante la jueza María Servini de Cubría.
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De acuerdo con la investigación, ese fondo creado por decreto en 2019 “habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo 60 empleados a 600, siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social MTE”.
Frente a esos hechos descritos, Stornelli solicitó una serie de medidas, entre las que se destacan la solicitud de informes al Ministerio de Economía de la Nación; copias de los nombramientos de funcionarios vinculados a Fernández Sagasti, Ramona Miño y María Eugenia Bielsa (ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) y un detalle de las actuaciones administrativas que vinculen a Tanús.
Del mismo modo, se puso la lupa sobre el MTE, por lo que profundizarán sobre su creación, organigrama, autoridades y las actividades que desarrollaban. En ese sentido, se recabarán las manifestaciones públicas de Grabois con respecto al FISU.