La Cámara de Comercio de los EEUU (AmCham) salió a fustigar el proyecto de ley que avanza con un nuevo impuesto a los productos envasados, una iniciativa que impulsa el kirchnerismo. 

La norma, conocida como “ley de envases”, fue presentada por el jefe de bloque en Diputados del FpV, Máximo Kirchner, y apunta a gravar con el 3% a los alimentos envasados y cuya recaudación manejará el Ministerio de Ambiente, si se aprueba. Se trata de una caja millonaria que ya genera rispideces entre el sector privado y la Casa Rosada. El proyecto ya tiene dictamen de la Cámara Baja y podría tratarse la semana próxima. A priori, ya cuenta con el rechazo de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, para la cámara que nuclea a las firmas norteamericanas en el país se trata de una ley “anacrónica”. Así, la AmCham, sostuvo en un comunicado, “expresa su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma”. 

De acuerdon con los fundamentos de la norma, en el país se computan aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. De esa cantidad, se calcula que un 21,2% son residuos de Envases Post Consumo. 

Sin embargo, desde la AmCham si bien recordaron que adhieren al reciclaje inclusivo, también remarcaron “cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”.

Por otro lado, expresan su preocupación: “Alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación”, ponderaron.

De la misma forma, cuestionaron que la iniciativa crea un fondo para ser administrado pro el Estado, en este caso, por Juan Cabandié, ministro de Ambiente. Y cuestionan el cálculo de la tasa ambiental, que se basa en el precio de venta (3%) o en el peso del material, pero no considera el costo vinculado al sistema de gestión. 

“Y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil”, apuntaron en el comunicado.

Por último, las empresas estadounidenses con base en Argentina reiteran que el proyecto tiene “debilidad constitucional” y que podría traer serias consecuencias. ““En reiteradas oportunidades, AmCham ha señalado los riesgos que se plantean con este tipo de políticas: obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”.