La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, por el que hay tres personas detenidas, informaron fuentes judiciales.

Se trata de la parte central del caso por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

Por otra parte, la magistrada rechazó los argumentos de la querella de Cristina Kirchner que se oponían a que el caso llegara a debate oral sin profundizar otras líneas de investigación que, no obstante, seguirán abiertas.

“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar. La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones (en el caso de Sabag Montiel y Uliarte, con expresa mención al cumplimiento del plazo del art. 207 CPPN), se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, sostuvo la jueza en el escrito.

“Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones. El propio Superior, ha marcado la línea en tal sentido”, se añadió.

La jueza subrayó que los cuestionamientos a la investigación por parte de la querella “no resultan novedosas”. Y añadió que “aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.