El Gobierno nacional oficializó este viernes la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2025, tras su aprobación en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 171/2025, que establece la interrupción del proceso electoral previsto en la Ley 26.571 y la suspensión de todas las obligaciones vinculadas a su organización.
Según el decreto, el calendario electoral del próximo año se regirá por los plazos estipulados en el Código Electoral Nacional y la Ley 23.298, contando desde diez días antes de la elección general.
Reiterancia y reincidencia: endurecimiento de penas
En el mismo Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó a través del decreto 172/2025 las modificaciones al Código Penal que incorporan la figura de reiterancia. Esta tipificación contempla la coexistencia de una imputación con otros procesos penales en los que la misma persona haya sido acusada.
Asimismo, se reforzó el concepto de reincidencia, que agrava en un tercio las penas para quienes cometan un nuevo delito tras haber cumplido total o parcialmente una condena previa.
El Gobierno celebró la aprobación de estas reformas con un comunicado en el que destacó que “se terminan los tiempos de la puerta giratoria en la Argentina“, aludiendo a jueces de perfil garantista que, según la administración, permitían la liberación de delincuentes con múltiples procesos judiciales.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que la normativa busca endurecer el sistema penal: “Quien cometa un delito y tenga un proceso previo quedará detenido durante el juicio. Además, la existencia de antecedentes penales será un agravante en la sentencia”.
Juicio en ausencia: impacto en la causa AMIA
Por otra parte, el Ejecutivo promulgó mediante el decreto 173/2025 la reforma al Código Procesal Penal que habilita el juicio en ausencia.
Esta figura permitirá juzgar a imputados que no se presenten en el proceso y será aplicable a delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El Gobierno busca utilizar esta herramienta para avanzar en la causa por el atentado a la AMIA, en la que varios ciudadanos iraníes y libaneses permanecen prófugos.
La normativa, impulsada como una vía para evitar la impunidad en crímenes de gran impacto, ya había sido debatida en otras oportunidades sin lograr consenso legislativo hasta ahora.