El gobierno nacional no asistirá a las personas que salieron del país en los últimos meses y quieren regresar, pero sus vuelos fueron reprogramados como consecuencia de la significativa baja en el cupo de pasajeros que pueden ingresar que la Argentina.

El último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández determinó que el cupo de ingreso diario se reduzca de 2.000 a 600 pasajeros, lo que obligó a las aerolíneas a reprogramar los vuelos y a los argentinos que querían volver al país a reorganizar su vida en el exterior.

Desde la Casa Rosada afirmaron que no pueden considerarse como un “varado” a ninguna de las personas que tengan problemas para volver, ya que no hubo una medida sorpresiva. Por ese motivo no habrá gestiones oficiales para repatriar, no asistirá económicamente ni facilitará la logística a esos viajeros que firmaron una declaración jurada donde aceptaron que “la salida del país implicará la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de las mismas y del eventual reingreso a la Argentina”.

“Hemos advertido que cuando uno firma la declaración jurada, uno asume las responsabilidades. Las personas que decidieron salir lo hicieron aceptando las consecuencias de lo que implica salir en pandemia”, sostuvo la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, una de las portavoces del Gobierno en la defensa de la medida que entró en vigencia este lunes, que tiene como principal objetivo retrasar el ingreso de la variante supercontagiosa del coronavirus llamada Delta (hasta el momento solo hay tres casos que fueron aislados).

En el primer día de vigencia de la restricción, instrumentada al menos hasta el próximo 9 de julio, cuando venza el DNU oficializado la semana pasada por el Gobierno -es casi un hecho su prórroga-, la polémica no tardó en instalarse.

Según la información oficial, de los poco más de 100 mil argentinos que viajaron en los últimos tiempos fuera del país, el 43% lo hicieron por turismo. Es decir, unos 45 mil pasajeros que, antes de abandonar la Argentina, rubricaron mediante declaración jurada la posibilidad de ver alterado el ingreso al territorio producto de la pandemia.

Según las cifras oficiales, Estados Unidos y España son los dos destinos más frecuentados en los últimos tiempos por los argentinos que decidieron salir del país.

“Nosotros estamos poniendo cupos y estamos pidiéndole a las provincias que dispongan los lugares de reingresos de los argentinos porque estamos muy preocupados por la variante Delta. Y sobretodo porque queremos privilegiar el cuidado de las actividades económicas, productivas y escolares para que esto dure”, agregó Carignano al diario Clarín.

Uno de los argumentos para impulsar la baja en el cupo que puede ingresar al país fue el alto incumplimiento que detectó Migraciones en los controles de las personas que arribaban al país: cuatro de cada diez no cumplieron la cuarentena correspondiente. Por este motivo ya se presentaron 287 denuncias penales.

Los nuevos varados no tiene fecha de regreso definida y su futuro es incierto. La Casa Rosada no cambiará de parecer y los argentinos en el exterior tendrán que gestionar su regreso buscando acceder a los pocos lugares que están disponibles.

En el oficialismo sostienen que en esta oportunidad no hay varados, sino personas que deben reprogramar sus vuelos. “No decidimos entre lo bueno y lo malo, decidimos entre lo feo y lo muy feo”, agregó Carignano.

El nuevo conflicto también dio lugar a la disputa política. Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, entre los que se destacan el presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, y el titular del bloque PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de ley para evitar que se limite el ingreso de los argentinos al país.

“Inconstitucionalmente se opta por medidas de restricción y cierre que no podrán tener solución de continuidad ante los daños que desde la fecha de emisión de la medida la misma está provocando. Un Estado inteligente es el que controla efectivamente. El Estado bobo solo prohíbe o restringe”, indicaron en el proyecto.