El Gobierno nacional avanza en una reingeniería silenciosa del sistema de seguridad nacional que, más que una reforma administrativa, supone un rediseño del poder estatal. Bajo el impulso de Patricia Bullrich, quien dejará el ministerio para asumir en el Senado, se proyecta un organismo con facultades ampliadas, capaz de absorber funciones que actualmente están dispersas en Migraciones, la Policía Federal, la PSA e incluso áreas de inteligencia.
El modelo de referencia es el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (Homeland Security), aunque adaptado a un país con recursos acotados, de acuerdo con la información publicada por clarin.com.
El primer gesto político ya se ejecutó: Migraciones dejó de depender del Ministerio del Interior y quedó bajo la órbita de Seguridad. Ese movimiento fue el paso inicial para avanzar hacia la creación de una Policía Migratoria, integrada por agentes con formación policial capaces de ejercer detenciones y responder ante alertas internacionales. El Gobierno sostiene que los civiles que hoy cumplen esa tarea no pueden actuar ante situaciones críticas en los pasos fronterizos, lo que ha derivado en fugas y controles fallidos.
La reforma también busca modificar el rol de la Policía Federal, a la que se le quitarían tareas de patrullaje ferroviario para concentrarse en delitos complejos a través de un cuerpo de elite, una suerte de “FBI argentino”.
Esa idea, que aparece y desaparece desde hace décadas, se retoma ahora con el argumento de que la dispersión de funciones le resta capacidad investigativa a la fuerza. Las provincias, según el plan oficial, deberían hacerse cargo de la vigilancia rutinaria en trenes y áreas federales menores.
Otra pata sensible del proyecto es la ciberseguridad. Seguridad quiere absorber parte de las competencias que hoy tiene la SIDE, con el argumento de que las empresas privadas -principales víctimas de ataques informáticos- desconfían de alertar a los servicios de inteligencia.
En el Gobierno aseguran que un organismo policial especializado podría ofrecer una respuesta más operativa y menos ligada al secretismo del espionaje. Este punto abre la puerta a la superposición con otras agencias y anticipa resistencias internas.
El rediseño también mira hacia modelos internacionales de coordinación entre agencias, como el MI5 británico. La premisa es integrar información que hoy está fragmentada entre Migraciones, fuerzas federales, inteligencia y organismos civiles.
Para el equipo de Bullrich, esa fragmentación impide anticipar riesgos y deja espacios de poder desordenados donde proliferan ineficiencias. La futura ministra, Alejandra Monteoliva, avala la iniciativa y será quien quede a cargo de llevarla al Congreso.
En el trasfondo, la reforma implica una fuerte acumulación de atribuciones en un Ministerio de Seguridad que incluso podría cambiar de nombre el año próximo. De prosperar, el nuevo esquema ampliará la capacidad de vigilancia interna, reorganizará fronteras, redefinirá funciones policiales y colocará a un solo organismo en la cúspide de la prevención de ciberataques, terrorismo y delitos federales.
Un reordenamiento profundo que, además de requisitos legales, necesitará sortear tensiones con Interior, la SIDE y otros actores que podrían ver recortadas sus áreas de influencia.
Con información de Clarín.