El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación con el manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.
Así lo informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales: Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
El gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que “será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”.
“Se denunció el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, detalló el portavoz en la rueda de prensa diaria que ofrece en Casa Rosada.
La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Este viernes, en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, se determinó que la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal debían evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle.
Se consignó las horas/hombre empleadas en cada operativo, el combustible utilizado, los elementos consumidos y otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.