El Poder Ejecutivo derogó el Decreto 2417/1993, una norma que durante más de treinta años reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos educativos de gestión privada en todo el país. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 787/2025, implica la eliminación del mecanismo que obligaba a los colegios a informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas y matrículas.
Con esta decisión, el Gobierno desmantela un esquema de control que databa de los años noventa, cuando la administración educativa aún dependía del ámbito nacional. El nuevo decreto sostiene que, tras la transferencia de las competencias a las provincias, ya no resulta adecuado mantener un régimen centralizado de supervisión sobre los precios que fijan las instituciones privadas.
CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% del… pic.twitter.com/nJSIE07s69
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025
Según los fundamentos, la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. El Ejecutivo argumenta que la obligación de comunicar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”.
En esa línea, plantea que los institutos terminan fijando tarifas más altas “por temor a futuros aumentos de costos que no puedan ser aprobados a tiempo por la autoridad estatal”.
El texto también introduce una defensa del derecho de propiedad y de la libre contratación en el ámbito educativo. Plantea que los institutos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal”.
Para el Gobierno, la rigidez del sistema anterior podría haber derivado en una “precarización de la calidad educativa”, al impedir que las instituciones ajusten sus precios conforme a sus costos reales.
Por otra parte, el decreto ordena al Ministerio de Capital Humano —a través de la Secretaría de Educación— revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, que constituye la base del financiamiento de la educación privada.
El objetivo oficial es elaborar una propuesta de modificación que “favorezca la libre competencia y la sostenibilidad del sistema”, bajo el principio de que cada institución pueda definir sus políticas de precios y compensaciones “en función de las demandas del mercado”.