Mediante un nuevo decreto presidencial, el Gobierno nacional ratificó este martes el Estatuto Social de la recientemente transformada Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y prorrogó por 120 días corridos la intervención de la empresa estatal, encabezada por el Dr. Pedro Daniel Cavagnaro.
La decisión, publicada en el marco del Expediente N° EX-2025-44482429-APN-DGDA#MEC, da continuidad al proceso iniciado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas y habilitó la reorganización del sector público, incluida la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas.
La Casa de Moneda, originalmente constituida como sociedad del Estado en virtud de la Ley N° 21.622, fue intervenida a partir del 1° de noviembre de 2024 por un período inicial de 180 días mediante el Decreto N° 964/2024. Durante ese tiempo, se realizó una Asamblea General Extraordinaria que aprobó su transformación legal y un nuevo estatuto, sujeto a ratificación por parte del Ejecutivo, lo que finalmente se concretó con el decreto reciente.
El conflicto más reciente que tiene la Casa de la Moneda está vinculado a la fabricación de las chapas patente. El Sol informó durante el día martes que la entidad perdió control sobre ese trabajo y ahora el Gobierno lo dejó en manos de la empresa alemana Tonnjes. Actualmente hay 600.000 autos que circulan sin identificación definitiva en el país.
Según el informe presentado por Cavagnaro, la entidad reestructuró sus operaciones en cinco unidades de negocio: la fabricación de dinero circulante, la producción de estampillas fiscales y servicios de trazabilidad, la emisión de pasaportes, la producción de chapas patente y los servicios de atesoramiento y destrucción de billetes para el Banco Central de la República Argentina.
Pese al avance en la reorganización, el Gobierno consideró “insuficiente” el plazo inicialmente previsto para completar el proceso de adecuación, por lo que decidió extender la intervención por otros cuatro meses. La medida busca consolidar la nueva estructura societaria y adaptar su objeto social a las actividades que actualmente desarrolla la empresa.
La intervención y la prórroga fueron dictadas en el marco de las facultades otorgadas al Presidente por el artículo 99 de la Constitución Nacional, y la disposición ya fue enviada al Registro Oficial para su publicación.