El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría dado instrucciones a su cuerpo diplomático para respaldar la postura argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. La información, revelada inicialmente por el diario británico The Telegraph y replicada por The Jerusalem Post, señala que el mandatario instruyó a sus representantes en foros internacionales a abandonar la neutralidad histórica de su país y exigir abiertamente que el Reino Unido se siente a la mesa de negociaciones con Buenos Aires.

La noticia generó un inmediato impacto en Londres, donde los sectores conservadores recibieron el trascendido con cautela y malestar ante el eventual debilitamiento del respaldo de un socio estratégico. Por su parte, analistas internacionales destacan que un pronunciamiento de esta índole por parte de un aliado clave de Occidente mermaría la posición británica en foros multilaterales y fortalecería el reclamo argentino.

La repercusión en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei celebró el reporte en sus redes sociales citando el informe periodístico con la sigla «MAGA», acrónimo con el que evoca la alineación geopolítica con las fuerzas conservadoras internacionales. La reacción del jefe de Estado se enmarca en un contexto de creciente afinidad diplomática y alianzas estratégicas entre la administración argentina y el gobierno de Israel.

Aunque el gobierno israelí aún no emitió un comunicado oficial, la Casa Rosada interpreta la novedad como un aval a su estrategia de proyección global.

El oficialismo apura la Ley de Soberanía

De manera paralela al escenario internacional, el Poder Ejecutivo nacional busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas. De cara al plenario de comisiones convocado para este martes 27 de octubre a las 16, representantes del Gabinete mantuvieron reuniones decisivas con legisladores de diversos bloques, entre ellos el PRO, el MID y el Partido Justicialista (PJ).

Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. El objetivo de las autoridades es obtener dictamen de mayoría en el plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores para llevar la propuesta al recinto.

La carrera legislativa marcha a contrarreloj: el calendario de noviembre se encuentra altamente saturado por el debate del Presupuesto, al tiempo que feriados por la visita del Papa León XIV y los comicios de medio término en Estados Unidos achican el margen para convocar a sesiones ordinarias. Pese a las complicaciones de agenda, fuentes del Ejecutivo afirmaron que el proyecto constituye una prioridad central para la gestión.

Ejes centrales del proyecto de ley

  • Endurecimiento de sanciones. Se imponen penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares, junto con la inhabilitación para operar en territorio argentino.
  • Sustitución normativa. La propuesta reemplaza la Ley 26.659 ampliando las prohibiciones más allá del sector de hidrocarburos a cualquier otro aprovechamiento de recursos.
  • Registro de infractores y juicio en ausencia. Se crea un registro público de personas y entidades sancionadas —con prohibición absoluta de contratación estatal o privada— e incorpora la figura del juicio en ausencia para los delitos tipificados.
  • Creación del Consejo de Seguridad Nacional. Se constituye un organismo interministerial encabezado por el presidente para coordinar estrategias diplomáticas, militares, cibernéticas, económicas y de inteligencia.
  • Medidas de emergencia y defensa. El Consejo quedará facultado para restringir operaciones financieras, bloquear activos preventivamente y regular importaciones o exportaciones ante amenazas graves. Asimismo, se contempla el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques hostiles como último recurso.
  • Protección contra la injerencia extranjera. Quedan prohibidos los aportes económicos de personas o empresas extranjeras a partidos políticos locales. Además, se penalizan el espionaje, la colaboración clandestina y las campañas masivas de desinformación destinadas a manipular procesos electorales o la opinión pública.
  • Seguridad interior e inclusión del RePET: Se autoriza la intervención de la Defensa Nacional ante amenazas externas no estatales e incorpora formalmente el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).