El Gobierno nacional prepara una nueva etapa del ajuste sobre el empleo público, con un recorte focalizado en organismos descentralizados y empresas estatales, tras haber reducido más de 53.000 puestos desde el inicio de la gestión.
La Casa Rosada busca profundizar la estrategia aplicada entre 2023 y julio de 2025 para alcanzar una baja adicional cercana al 10% de la dotación del sector público nacional, en un contexto de restricciones fiscales y sin las facultades delegadas que habilitaron la primera reorganización del Estado.
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Según datos oficiales, la administración pública nacional cuenta actualmente con 282.570 empleados, lo que implica que un ajuste del 10% demandaría la eliminación de alrededor de 28.000 cargos en el plazo de un año. El margen de acción en ministerios y secretarías es limitado, por lo que el foco está puesto en los organismos descentralizados, que concentran cerca de 117.000 trabajadores.
Allí, el Ejecutivo apunta a eliminar áreas superpuestas, reorganizar funciones y no renovar contratos, con una reducción estimada de entre 15.000 y 16.000 puestos, equivalente a un recorte interno del 13%.
El segundo eje del ajuste involucra a las empresas y sociedades del Estado, que reúnen una dotación cercana a los 90.000 empleados. Para completar el objetivo global, ese universo debería aportar entre 12.000 y 13.000 bajas, lo que representa una reducción aproximada del 14%. En este caso, el Gobierno analiza como herramienta central la privatización, concesión o liquidación de compañías, una vía que permitiría reducir personal sin que todas las salidas se computen como despidos directos.
La denominada “motosierra 2.0” es coordinada por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación, y encuentra respaldo en el Presupuesto 2026, que centraliza la autorización para cubrir vacantes y consolida el congelamiento de ingresos.
Desde el Ejecutivo aseguran que el ajuste será gradual durante los primeros trimestres del próximo año, mientras crece la tensión con los gremios estatales. La Asociación de Trabajadores Estatales advirtió que evalúa adelantar medidas de fuerza ante la posibilidad de nuevos despidos y rechazó de plano cualquier reducción adicional en la planta del Estado