Se conocieron novedades en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba enfocadas en auditar las operaciones con criptomonedas que el exfuncionario presentó para intentar justificar una parte de su patrimonio.
El eje de las sospechas judiciales radica en las operaciones con Bitcoin mediante las cuales la defensa de Adorni buscó fundamentar el origen de casi 600 mil dólares.
Específicamente, los abogados del exvocero y jefe de ministros informaron la existencia de ocho direcciones de Bitcoin con las que habría operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según esa justificación contable, la liquidación de esas tenencias le generó ingresos por US$591.544,61, suma con la que intentó respaldar los US$565.000 en efectivo declarados bajo la categoría de “venta de activos”.
Para constatar si esas billeteras virtuales efectivamente pertenecieron a Adorni y si registraron los movimientos declarados, el fiscal dispuso un procedimiento pericial específico que deberá ser autorizado por el juez de la causa.
Una vez homologada la medida, el abogado defensor deberá concurrir a la sede de la fiscalía junto a un perito de parte provisto de una computadora portátil. En ese acto, el especialista de la defensa ingresará a las cuentas mediante software de administración de billeteras -como Sparrow o Electrum-y deberá consignar la firma digital de un mensaje proporcionado por la fiscalía en cada una de las ocho direcciones de Bitcoin informadas.
Posteriormente, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina (PFA) realizará la verificación criptográfica correspondiente. A través de una herramienta compatible, los peritos oficiales cargarán las direcciones, el mensaje y la firma obtenida para validar el procedimiento y dejar constancia formal del resultado. Todo el operativo será grabado en video y se dispuso expresamente que las claves privadas de las billeteras no sean reveladas, quedando bajo custodia exclusiva de la defensa técnica.
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A la par del peritaje tecnológico, Pollicita decidió profundizar el examen sobre el historial financiero de Adorni y su esposa desde el inicio de sus respectivas vidas económicamente activas, fijado a partir de la mayoría de edad. En el caso del exjefe de Gabinete, la solicitud de informes se retrotrae a 1998, año en que cumplió los 18 años.
Si bien la causa abarcaba originalmente el período comprendido desde enero de 2012 hasta la fecha, la fiscalía determinó ampliar la investigación 14 años hacia atrás. El objetivo central de este rastreo histórico es reconstruir la ruta financiera e identificar la fuente original de casi 200 mil dólares que, según los descargos presentados ante la Justicia, constituyeron el capital inicial utilizado para ingresar al mercado de las criptomonedas.
Pollicita también solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo “aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre”.
Por otro lado, pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre los vehículos que hayan tenido durante ese plazo.
A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados “con indicación de la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso”.
También solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo “aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre”.
Por otro lado, pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre los vehículos que hayan tenido durante ese plazo.
A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados “con indicación de la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso”.