La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, adelantó que la pericia sobre el cuerpo del integrante de la comunidad mapuche asesinado este domingo, en un episodio que aún se investiga, “habla de armas largas” y pidió “esclarecimiento” del hecho y “juicio a los culpables”.

Por su parte el vocero y referente de la comunidad mapuche en Río Negro, Orlando Corriqueo, afirmó que “existen sospechas” sobre la participación de la Policía local en la muerte del joven y consideró que “la política del Gobierno provincial”, contraria a las demandas de ese pueblo originario, “ha costado una vida”.

“Es responsable el Gobierno (de Río Negro) porque se niega a dialogar y hay una doble responsabilidad de la Policía, que debía custodiar el predio de Cuesta del Ternero que está en litigio. Hay una política antimapuche que ha costado una vida“, sostuvo Corriqueo en declaraciones a la Radio FutuRock.

Elías Garay Yem, de 29 años, murió de un balazo y Gonzalo Cabrera resultó herido también por impacto de un disparo de arma de fuego, en el paraje Cuesta del Ternero, ubicado en cercanía a la localidad del El Bolsón y ocupado por comunidades mapuches, en un episodio que las autoridades están investigando, según informaron fuentes locales.

Cabrera se encuentra internado en muy grave estado pero fuera de peligro, dijeron las fuentes consultadas, quienes indicaron que los balazos fueron hechos con armas calibre 22.

La comunidad responsabiliza a las fuerzas policiales que se encuentran sitiando el paraje en el que permanecen hace 55 días, mientras que los gobiernos nacionales y provinciales negaron que hayan estado involucradas las fuerzas de seguridad y adhieren a la versión de la posible intervención de “cazadores” que habrían provocado algún incidente.

“Hay dos retenes policiales que piden documentos a cada persona que transita dentro y fuera de la comunidad”, explicó Corriqueo.

El referente mapuche afirmó que a los presuntos cazadores, la comunidad les pidió que se vayan y dispararon, e interpretó que en realidad eran “sicarios” que pertenecen “a la policía o arreglaron con ellos para que los dejen entrar”. Y agregó: “Nadie pasaba ni llegaba al territorio si no estaba fichado por la policía”.

Pero en Río Negro rebatieron ese argumento. “Están queriendo instalar que había una zona liberada, cuando de ninguna manera es así. La toma es en el medio de la montaña y se puede acceder desde diferentes lugares pese a que hay un retén policial. ¿Cómo es si no que les entra comida a los ocupantes de la toma?”, se preguntaron en el gobierno provincial.

La toma de la Lof Quemquem-treu, un campo privado de explotación forestal, comenzó el 18 de septiembre. Ese día, un grupo tomó las tierras y colocó banderas con consignas de reivindicación.

Rolando Rocco, dueño de las tierras, hizo la denuncia por “usurpación” y detalló que administra el predio con una explotación forestal desde hace varias décadas. Por orden de la Justicia de Río Negro, se estableció una custodia policial frente al predio ocupado para impedir que se sumen nuevos ocupantes y que ingresen materiales que permitan consolidar la toma. La prohibición incluye el ingreso de alimentos.

Voceros del Gobierno de Río Negro informaron que su Policía “no realizó ningún tipo de intervención en Cuesta del Ternero” y aseguraron que los hechos habrían sido protagonizados por personas civiles que estaban cazando y que “desataron una pelea cuando iban vestidos con ropa camuflada y portaban armas de fuego”.