El Tribunal Oral Federal N° 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio del tramo conocido como “La Camarita”, dentro de la causa Cuadernos, en una audiencia que se extendió durante casi cuatro horas. En ese marco, se repasaron declaraciones de empresarios de la construcción que describieron un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

Los testimonios corresponden a imputados colaboradores que, ante el fiscal Carlos Stornelli, relataron exigencias de aportes económicos, advertencias sobre represalias y un entramado que, según señalaron, definía quién podía acceder a contratos estatales y quién quedaba fuera del negocio. Las declaraciones fueron homologadas en su momento por el juez Claudio Bonadio.

Entre los relatos leídos se destacó el de Patricio Gerbi, titular de la constructora COARCO, quien aseguró que las presiones comenzaron tras la firma de contratos viales y que incluían amenazas, inspecciones, multas y demoras en los pagos. Según su versión, las entregas de dinero se realizaban en encuentros pactados y respondían al temor de perder la empresa.

Juan Chediak describió un esquema similar, con exigencias directas desde el entonces Ministerio de Planificación Federal. Afirmó que los pagos eran periódicos y que el sistema luego se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien habría actuado como recaudador y nexo con el poder político.

Por su parte, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, habló de un mecanismo organizado desde 2004 para direccionar licitaciones y exigir retornos a partir de los anticipos financieros. Reconoció que su empresa participó del esquema y que su función era garantizar tanto las adjudicaciones como los pagos exigidos.

En la audiencia también se repasaron las declaraciones de Aldo Roggio y Marcela Sztenberg, quienes coincidieron en que los aportes no eran voluntarios y que las presiones generaron un fuerte impacto económico y personal. En todos los casos, los empresarios señalaron que el sistema operaba bajo amenazas explícitas o implícitas.

Al cierre, se leyó la valoración de la prueba del fiscal Stornelli, quien sostuvo que el esquema estuvo destinado a direccionar obras y recaudar fondos ilegales, con Carlos Wagner como organizador operativo y Ernesto Clarens como principal responsable de la recaudación. El debate continuará el próximo jueves a las 9.30, cuando se complete la lectura de las últimas fojas correspondientes a este tramo del expediente.