El fiscal federal Gerardo Pollicito solicitó este lunes el procesamiento ex funcionarios de la Televisión Pública sospechados de administración fraudulenta por el caso del retiro de los bolsos con dinero efectivo.

El escándalo se conoció en marzo pasado, cuando trascendió que los sospechosos habían retirado un total de $11.400.000 de la cuenta de la Televisión Pública para la producción de una serie, “Los amores prohibidos de Belgrano”.

En el pedido al juez Luis Rodríguez, el fiscal sostuvo que “los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas; motivo por el cual se solicitará a V.S. que decrete su procesamiento”.

Los ex funcionarios señalados son Alejandro De La Torre -Director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales-, Claudio Lamalta —Tesorero—, Guillermo Siaria —Director de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales—, Ernesto Molinero —Gerente de Producción— y Ariel Berliner —Subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7-. La misma directora de la televisora, Rosario Lufrano, figura como denunciante. 

Para Pollicita, “actuaron haciendo uso abusivo de las funciones que les eran propias por los cargos de funcionarios públicos que ostentaban en la sociedad, con el conocimiento y la voluntad que exige el tipo subjetivo del delito”.

Pollicita aclaró se logró el retorno de más de $8 millones.

La beneficiada con la maniobra era la directora de arte Adriana Maestri, “a quien se abonó, con fecha 3 de marzo de 2021, un total de $1.900.000, “sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”.

Pero esto, de acuerdo con el dictamen, generó “un perjuicio económico en las arcas públicas”.