El juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, presentó un escrito ante el magistrado Alejo Ramos Padilla, quien investiga la legalidad del decreto con el que el presidente Javier Milei designó en comisión tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla.
Según un documento, publicado por el sitio Infobae , Lijo ratificó su decisión de no renunciar a su cargo en el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py, una condición que la propia Corte Suprema impuso como requisito para asumir.
Además, expresó su confianza en que el Senado aprobará su pliego, que ya cuenta con dictamen favorable. “No voy a renunciar a mi cargo actual de juez federal, y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente“, sostuvo.
La validez del decreto 137, firmado por Milei para nombrar en comisión a ambos jueces, está en manos de Ramos Padilla, juez federal de La Plata, en medio de múltiples presentaciones judiciales.
Una de las más relevantes es la de la exdiputada Elisa Carrió, quien calificó el decreto como “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable“. Carrió argumentó que esta modalidad de designación viola la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la independencia del Poder Judicial.
Pese a las objeciones legales, la Corte no cuestionó el decreto y permitió que García Mansilla asumiera en comisión, mientras que la situación de Lijo sigue en suspenso. A diferencia de su colega, Lijo necesita la aval del Senado, ya que la Corte rechazó el pedido de licencia que le había concedido la Cámara Federal, obligándolo a renunciar si quiere asumir por decreto.
El futuro de Lijo podría definirse el 3 de abril, cuando el Senado, convocado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, trate los pliegos de los candidatos. Mientras tanto, el magistrado reiteró ante Ramos Padilla que esperará la decisión legislativa y que, si llega a la Corte, será solo con el respaldo parlamentario.