La Corte Suprema del Reino Unido rechazó el pedido de Argentina para apelar una sentencia que la obliga a pagar más de US$1500 millones (1300 millones de euros más intereses) a inversores, debido a la manipulación de datos del PBI por parte del INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El fallo está relacionado con la causa del “Cupón PBI”, un instrumento que pagaba a los bonistas en función del crecimiento económico del país.
La decisión, confirmada este martes, cierra todas las vías legales para que Argentina intente revertir el fallo de abril de 2023, habilitando a los demandantes a ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país había depositado en marzo. Según Sebastián Maril, analista de Latin Advisors, es la primera vez desde 2014, cuando Argentina agotó instancias legales en el caso de los fondos buitres por el default de 2001, que enfrenta una situación similar en litigios internacionales.
La sentencia implica que el gobierno de Javier Milei deberá decidir si pagará los 1330 millones de euros más intereses. Maril recordó que en 2014, Argentina ignoró el fallo a favor de los bonistas, lo que llevó al juez Thomas Griesa a tomar medidas cautelares y al país a entrar en default.
Cómo se originó la demanda
El origen de la demanda se remonta a la manipulación de las estadísticas de crecimiento para evitar el pago de los “cupones PBI”. En 2014, el gobierno cambió la forma de cálculo del PBI, lo que evitó el pago de los intereses correspondientes al crecimiento económico de 2013. Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited iniciaron la demanda en 2009 y obtuvieron una sentencia favorable en 2013, aunque el fallo de 2023 amplió el alcance a todos los acreedores, elevando el monto total.
En marzo de este año, Argentina apeló el fallo y depositó US$337 millones como garantía, pero tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte Suprema británica rechazaron el recurso. Paralelamente, el caso del “Cupón PBI” también ha generado reclamos en Estados Unidos. Si bien la jueza Loretta Preska falló a favor de Argentina en un caso similar, el fondo Aurelius presentó una nueva demanda por US$1300 millones.
El “Cupón PBI” fue creado en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, como un instrumento que pagaría a los bonistas si el crecimiento económico superaba el 3%. Durante los primeros años, este mecanismo fue un éxito debido al fuerte crecimiento económico del país, pero a partir de 2012, los pagos se detuvieron, lo que generó reclamos cuando los datos del PBI comenzaron a ser cuestionados por su manipulación.
En 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento de 2013 había sido del 3%, cifra insuficiente para activar el pago del cupón, que requería un crecimiento mínimo del 3,2%. Sin embargo, un mes antes, el INDEC había informado que el crecimiento fue del 4,9%. La diferencia surgió de un cambio en la metodología de cálculo, lo que finalmente desencadenó las demandas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron las cifras de crecimiento, confirmando que ninguna de las cifras originales era correcta, y se determinó que el crecimiento de 2013 fue en realidad del 2,4%, muy por debajo del umbral requerido para el pago.