El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en su plenario en París que Argentina logró evitar su inclusión en la “lista gris“ relacionada con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Gobierno celebró este resultado, ya que una evaluación negativa habría tenido serias repercusiones en la economía y los mercados financieros del país.

El GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina tras un largo proceso que comenzó en septiembre del año pasado. En marzo evaluadores y funcionarios del GAFI visitaron el país durante tres semanas para reunirse con representantes de los tres poderes del Estado y con el sector privado, a fin de determinar si Argentina cumple con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En agosto, una delegación argentina viajó a Francia para continuar con las reuniones con los evaluadores. En esa instancia, hubo señales positivas. Sin embargo, posteriormente surgió un segundo borrador del informe que generó preocupación en el Gobierno.

Durante las últimas semanas, el informe final fue distribuido entre las 200 jurisdicciones que conforman la red global del GAFI para recabar comentarios y observaciones. La votación final se llevó a cabo esta mañana, con la participación de la delegación argentina.

“Gracias al esfuerzo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó ingresar en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, hemos trabajado en las observaciones recibidas para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de dinero. y el financiamiento del terrorismo“, declaró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras conocerse el resultado.

La delegación oficial argentina había mantenido una actitud de cautela antes de la votación, ya que se evaluaban acciones tanto del gobierno de Alberto Fernández como de los primeros meses de la actual administración.

La comitiva estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, e integrada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, diplomático designado como coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

También formaron parte de la comitiva el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez; Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia; el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y el fiscal Diego Velasco, a cargo de la PROCELAC.