Tras la denuncia del Ministerio de Capital Humano, la Justicia Federal realizó 27 allanamientos en la tarde de este lunes contra dirigentes de movimientos sociales, entre ellos, el Polo Obrero y Barrios de Pie, por haber coaccionado a beneficiarios de planes sociales para que asistan a las marchas, caso contrario, perderían la ayuda de Nación.
Los dirigentes sociales serán indagados por los hechos que se investigan. Las denuncias de aprietes fueron hechas a la línea 134 por beneficiarios de planes sociales. En total, se recibieron 13.310 llamadas. De estas, se atendieron un total de 2.720. Pero sólo 924 se formalizaron en denuncias.
Los llamados señalando las irregularidades apuntaron a que los implicados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan” Potenciar Trabajo.
La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Gerardo Pollicita.
Los operativos permitieron identificar a 28 personas que fueron citadas a indagatoria. La mayoría de los lugares allanados corresponden al Polo Obrero, la organización social dirigida por Eduardo Belliboni. También hay militantes del Frente de Organizaciones en Lucha y del movimiento Barrios de Pie.
La Justicia solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario porque las denuncias apuntaron a que los fondos extorsivos habrían sido dirigidos a cooperativas. Se desconoce dónde terminó ese dinero, lo que abre la puerta para indagar en el patrimonio de los involucrados.
Las víctimas aportaron chats y mensajes donde daban cuenta de los aprietes para participar de las movilizaciones o piquetes. Las amenazas que recibían era que podrían llegar a perder los beneficios si no asistían.
Con información de Clarín e Infobae.