Cinco años después del inicio de la cuarentena, el Gobierno nacional todavía no puede revelar los acuerdos secretos que en su momento firmó el Ministerio de Salud con los distintos laboratorios para la entrega de las vacunas contra el COVID-19. Algunos contratos incluyen cláusulas de confidencialidad que se extienden hasta el 2030.
Desde la cartera que actualmente encabeza Mario Lugones sostienen que divulgar esa información podría poner en riesgo el suministro de vacunas y afectar futuras negociaciones. Además, remarcaron que, en virtud de la Ley de Vacunas sancionada en 2020, el Ejecutivo tiene la facultad de incluir en los contratos con los laboratorios cláusulas de confidencialidad acordes con las prácticas del mercado internacional.
Los contratos firmados con los laboratorios que proveyeron las vacunas Sputnik-V, AstraZeneca UK Limited, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Covishield, COVAX y CanSino llevan la firma de los exministros de Salud Ginés González García y Carla Vizzotti.
Estos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que, en algunos casos, se prolongan hasta 2030 bajos estricto secreto. Los periodos en estos contratos varían entre cinco y diez años.
Dentro de la información reservada se encuentran el contenido de las negociaciones, datos comerciales o financieros, documentos técnicos sobre las vacunas, y aspectos relacionados con la propiedad intelectual y científica. También se mantienen bajo reserva los cronogramas de entrega de las dosis y los términos comerciales de los acuerdos.
Las vacunas
En enero de 2021 arribaron al país 394 mil dosis de Moderna, según precisó la cartera sanitaria nacional. Este acuerdo fue firmado en julio de 2020 y se extiende hasta este año. En el caso del contrato con AstraZeneca, se estableció una cláusula de reserva de información por cinco años.
Respecto a CanSino, la confidencialidad se mantendrá durante la vigencia del contrato y, una vez finalizado, por diez años adicionales. La misma condición se aplica con Sinopharm, que cuenta con la cláusula de confidencialidad más extensa. Según el punto 7 del contrato, la reserva de información abarca aspectos comerciales, productivos, económicos y de planes de negocios, entre otros.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, la cartera sanitaria también firmó acuerdos con BioCubaFarma, con cláusulas de confidencialidad de diez años. En cambio, el contrato por la vacuna Sputnik-V establece un resguardo de información por cinco años desde la firma o hasta su rescisión, manteniéndose vigente hasta finales de 2025.
El contrato firmado con el laboratorio Serum Institute of India, proveedor de la vacuna Covishield, también contempla un periodo de confidencialidad de cinco años. Este acuerdo, sellado a principios de 2021, permanecerá en vigencia hasta 2026, tras lo cual se podrán conocer detalles hasta ahora reservados sobre esta vacuna, que utiliza la misma tecnología que la de AstraZeneca.
Por último, en el caso de Moderna, el Ministerio de Salud no ha precisado el alcance de la confidencialidad. La cartera conducida por Lugones se niega a brindar detalles sobre estas cláusulas, argumentando que la Ley de Vacunas (27.573) faculta al Ejecutivo Nacional a incluir en los contratos acuerdos de reserva de información en línea con las prácticas del mercado internacional.