Los Gobiernos europeos analizaron ayer el primer borrador de un nuevo tratado europeo llamado a sustituir a la fallida Constitución, que nunca llegó a entrar en vigor debido al rechazo en referendo de franceses y holandeses en el 2005. El borrador, presentado por la presidencia alemana de la Unión Europea, consta de once páginas de gran complejidad técnica y jurídica sobre la reforma institucional europea. Fuentes de la presidencia señalaron, en un intento de restar dramatismo a la situación tras reconocer que de momento no existe la unanimidad necesaria para revisar el funcionamiento actual de la UE, que si no hay un acuerdo entre los 27 líderes europeos este fin de semana, “no es el fin del mundo”.

    La cumbre, prevista para dos días pero que puede alargarse al sábado, según los más pesimistas, quiere acordar un mandato claro y preciso para lanzar en julio una conferencia intergubernamental que ponga por escrito los cambios institucionales, de forma que el nuevo tratado pueda estar en vigor para las elecciones europeas del 2009. El documento alemán incluye los doce puntos que España y Francia presentaron a los demás socios comunitarios el domingo para preservar la esencia del tratado constitucional, incluso si pierde ese nombre y pasa a ser una reforma tradicional de tratados anteriores.

    Ha quedado afuera la definición de los símbolos de la UE (himno, bandera y moneda) pero mantiene los principales aspectos logrados por los países partidarios de profundizar la unión y agilizar la toma de decisiones, por ejemplo en cooperación judicial y policial. Quedan abiertos varios puntos clave, para algunos de los cuales hay sugeridas fórmulas de un posible acuerdo pero, en otros, Reino Unido y Polonia siguen siendo los principales obstáculos para un acuerdo.

    Los británicos se han descolgado en los últimos días con una serie de peticiones para recortar la amplitud de la política exterior y de seguridad común, especialmente la figura del futuro ministro de Asuntos Exteriores comunitario. Sobre el sistema de voto por doble mayoría, Polonia pide que se revise el sistema que estipula que hace falta 55 por ciento de Estados y 65 por ciento de la población para aprobar una decisión por mayoría cualificada.