El Gobierno de Colombia dio un giro en su política sobre el acceso de los ciudadanos a las armas de fuego. El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto mediante el cual puso fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas que regía en el país y que había sido prorrogada hasta diciembre de 2026. A las pocas horas se cayó la página donde se realiza el trámite.

Sin embargo, la medida no implica que cualquier ciudadano pueda salir armado. Alcanza principalmente a quienes ya cuentan con un permiso individual de porte vigente y en condiciones legales. Los permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados continúan sin habilitar el porte, al igual que aquellos casos en los que existan restricciones judiciales o administrativas.

El presidente De la Espriella defendió la decisión como un cambio de enfoque en la política de seguridad. “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes“, afirmó.

El decreto también mantiene la diferencia entre tenencia y porte. Tener autorización para conservar un arma en un domicilio o lugar determinado no significa que esa persona pueda trasladarla por la vía pública. Para tenerla se requiere un permiso específico de porte y el arma debe ser exactamente la registrada en esa autorización.

La decisión generó un efecto inmediato entre los usuarios interesados en conocer el estado de sus permisos. La página de la Industria Militar de Colombia (Indumil) registró fallas pocas horas después del anuncio presidencial. La alta cantidad de consultas provocó problemas de acceso al portal, en un episodio que evidenció el interés generado por el cambio normativo.

Entonces, qué cambió

Durante los últimos años, Colombia mantuvo una suspensión general de los permisos de porte. Una política que se remonta a administraciones anteriores y que había sido extendida hasta diciembre. El decreto puso fin a esa suspensión y eliminó, para quienes ya poseen permisos individuales vigentes, la exigencia de una autorización especial adicional que se había convertido en necesaria durante el período de restricción.

Sin embargo, no se eliminaron los controles para acceder a un permiso. Entre las condiciones que continúan vigentes aparecen la edad mínima de 25 años, la ausencia de antecedentes que impidan acceder a la autorización, el registro correspondiente del arma y la aprobación de los controles médicos y de aptitud psicofísica. También se mantienen las exigencias vinculadas con los conocimientos sobre el manejo y uso responsable de armas de fuego.

Las autoridades militares conservan, además, la facultad de expedir, renovar, suspender, cancelar o revocar permisos. La Policía mantiene sus atribuciones para controlar, inspeccionar e incautar armas cuando detecte irregularidades.

Datos de la tenencia de armas en Colombia

El mandatario respaldó su posición con cifras de la Fuerza Pública. Según los datos difundidos por el Gobierno, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

Además, 980 armas fueron vinculadas con disidencias de las FARC, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. Dentro del armamento asociado a las disidencias, el presidente mencionó 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.

Con información de Infobae.