El Gobierno de Estados Unidos ha firmado este jueves una orden ejecutiva que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses a invertir en 59 compañías vinculadas a los sectores militar y de inteligencia de China. El presidente estadounidense, Joe Biden, pretende así atajar las amenazas que suponen para la seguridad nacional de EEUU. 

Este decreto, que entrará en vigor el 2 de agosto, amplía el alcance de la orden firmada por el expresidente Donald Trump el pasado noviembre, que vetaba las inversiones del país en una serie de compañías chinas, entre ellas Huawei, por supuestamente respaldar los esfuerzos de los aparatos de Inteligencia, militares y de seguridad de Pekín.

La principal diferencia de la orden de Biden está en que no prohíbe las inversiones en Xiaomi, uno de los principales fabricantes globales de teléfonos celulares y el principal competidor en el mercado chino de Huawei (que sí permanece en la lista). En febrero, Xiaomi demandó al Gobierno de EEUU por su inclusión en esa lista negra, y a finales de mayo, un tribunal federal estadounidense dio la razón a la compañía china, lo que forzó al Ejecutivo de Biden a retirarla de su listado de sancionados.

De 48 a 59 empresas

En total, la orden de Biden eleva de 48 a 59 el número de empresas chinas afectadas, al incluir compañías que venden tecnologías de vigilancia o espionaje. Entre las impactadas están las tres mayores compañías de telecomunicaciones del gigante asiático: China Mobile, China Unicom y China Telecom.

Además, el decreto otorga al Departamento del Tesoro la responsabilidad de la implementación del veto, quitándosela al Pentágono para reforzar la base legal de las sanciones. La Casa Blanca planea ampliar regularmente la lista de empresas chinas afectadas, y dará a los inversores estadounidenses un año, que empezará a contar a partir del 2 de agosto, para desprenderse de sus activos en esas compañías.

El objetivo del veto es asegurar que las inversiones estadounidenses “no apoyan al sector de defensa chino”, según la Casa Blanca. También busca impedir que se beneficie a compañías cuyas tecnologías de vigilancia “contribuyen, dentro o fuera de China, al espionaje de minorías religiosas o étnicas; o bien facilitan la represión y graves abusos de derechos humanos”, añade.

La prohibición promete intensificar el aumento de tensiones con China desde la llegada al poder de Biden, que ha convertido la competición con Pekín en el pilar central de su política exterior y comercial.