El Poder Judicial iraní anunció que acelerará los procesos contra manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden al país desde fines de diciembre. La medida, presentada por las autoridades como una respuesta a supuestos “disturbios violentos”, se produce en un contexto de fuerte represión estatal, miles de arrestos, denuncias de ejecuciones inminentes y una creciente condena internacional.
Las manifestaciones, que comenzaron como un reclamo contra el deterioro del nivel de vida, se transformaron en un desafío directo al régimen teocrático que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979 y que, desde 1989, está encabezado por el líder supremo Alí Jamenei.
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El jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó que los tribunales actuarán con rapidez frente a los detenidos. “Si alguien ha prendido fuego a una persona o la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, sostuvo durante una visita a una prisión que aloja arrestados por las protestas, según informó la televisión estatal.
Las declaraciones refuerzan el temor de organizaciones de derechos humanos de que el régimen recurra a juicios sumarios y a la pena de muerte como herramienta de disuasión. Para los críticos, la retórica oficial busca justificar condenas ejemplares en un sistema judicial cuestionado por la falta de garantías procesales.
El alcance de la represión es difícil de verificar debido al bloqueo informativo y al apagón de internet impuesto por las autoridades. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones independientes coinciden en señalar un saldo humano alarmante.
La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, informó al menos 734 muertos, aunque advirtió que la cifra real podría ascender a varios miles. Por su parte, Human Rights Activists (HRA), con base en Estados Unidos, confirmó al menos 1.850 fallecidos -incluidos nueve menores de edad- en apenas 17 días de protestas iniciadas el 28 de diciembre.
HRA también investiga otras 770 muertes presuntamente causadas por la represión estatal y sostiene que el número total “probablemente sea mucho mayor” debido a los bloqueos de internet y las restricciones a las comunicaciones.
De la protesta económica al cuestionamiento del régimen
Las movilizaciones estallaron inicialmente por el aumento del costo de vida, la inflación y el deterioro económico. Con el correr de los días, el reclamo derivó en consignas contra el sistema político y religioso que gobierna el país, marcando uno de los mayores desafíos internos al poder de Alí Jamenei en décadas.
Los grupos de derechos humanos estiman que hay miles de detenidos en todo el país. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, más de 10.600 manifestantes fueron arrestados, mientras que Human Rights Activists elevó la cifra a más de 16.700, de acuerdo con datos difundidos por su agencia HRANA.
La posibilidad de ejecuciones inminentes generó una fuerte reacción internacional. Washington advirtió que una primera ejecución podría concretarse en los próximos días. “Uno de los detenidos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero”, informó el Departamento de Estado en un mensaje en farsi difundido en la red X.
Amnistía Internacional reclamó a Irán que suspenda de inmediato “todas las ejecuciones”, incluida la de Soltani, y alertó sobre el uso de la pena capital para silenciar la disidencia.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país actuará “de manera muy firme” si Teherán avanza con una campaña de ejecuciones. Desde el gobierno iraní, la respuesta fue inmediata: el ministro de Defensa, Aziz Nafizardeh, advirtió que Irán atacará bases estadounidenses en la región si Washington lanza una ofensiva militar.
En paralelo, el gobierno iraní organizó funerales por más de cien miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante los disturbios. Los cuerpos fueron trasladados en procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio capitalino, en un acto promovido por medios estatales como una demostración de unidad nacional.
Las autoridades atribuyen las protestas a la injerencia de Estados Unidos e Israel, una narrativa que busca cohesionar a los sectores leales al régimen mientras crece el rechazo interno.