El país cerró el 2022 con una de las peores inflaciones, que no se registraban desde hace 22 años, todo un récord y con un problema que está lejos de resolverse.
Aunque haya retrocedido algunos puntos, los precios están contenidos por los parches que se han puesto momentáneamente para ponerles un techo. Un congelamiento temporal que mete presión a medida que se llega al plazo. Mientras esto sucede, el Gobierno nacional avanzó con un amplio temario para las sesiones extraordinarias en las que el Congreso tendrá que volver a trabajar.
Pero lo que se destaca es un combo de proyectos para reformar la Justicia. No son pocos ni ingenuos. Uno de ellos es el pedido de juicio político a la Corte Suprema, una decisión polémica en un marco de tensión que ha ido en aumento a lo largo del año, tanto como el Índice de Precios. Pero le suma la necesidad de ampliar el número de integrantes de este tribunal y hasta la reformulación del Consejo de la Magistratura. Nadie, quizás, pueda dudar que la Justicia sea uno de los déficits de la república por más de una razón.
Pero, también está claro que este avance no se produce por una necesidad genuina de mejorar su funcionamiento, sino en una pulseada por modelar una institución a gusto del poder. Donde no hay diálogo ni política de Estado, donde se rompieron los puentes en los ámbitos propicios de discusión, lo que queda es este intento por avanzar mientras el resto de los problemas estructurales del país se mantienen intactos.